En medio de promesas de mitigación ante desastres naturales, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) ha manifestado su firme respaldo a la construcción de la represa El Tablón, un proyecto hidráulico largamente discutido y aún envuelto en dudas sociales y ambientales.
El presidente de la CCIC, Karin Qubain, afirmó que “ya existe la socialización suficiente” para avanzar con la obra, argumentando que se ha logrado un diálogo amplio con diversos sectores, desde comunidades locales hasta organismos internacionales. “Este no es solo un proyecto de infraestructura, es una obra que puede salvar vidas”, declaró, refiriéndose a su potencial para prevenir tragedias como las vividas durante los huracanes Eta e Iota.
Qubain insistió en que El Tablón representa una deuda histórica con el Valle de Sula, región que ha sufrido las devastadoras crecidas del río Chamelecón. Recordó que más de 40 mil viviendas fueron inundadas y que el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales quedó inoperativo en 2020.
Sin embargo, la obra no está exenta de controversias. Aunque se reconoce la necesidad urgente de soluciones estructurales ante la vulnerabilidad climática de Honduras, organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos han advertido que aún no se garantiza plenamente el respeto a las comunidades afectadas ni se han presentado estudios ambientales actualizados y públicos.
“Cualquier megaproyecto debe partir de una visión integral de cuenca, de justicia climática y de participación vinculante de las poblaciones. No se trata solo de ‘socializar’, sino de escuchar y garantizar derechos”, advirtió un ambientalista de la zona que pidió anonimato.
El presidente de la CCIC reconoció que el gobierno debe asumir el compromiso de indemnizar a quienes pudieran verse desplazados. “Como país y gobierno, debemos asegurarnos de respetar a las personas que resulten afectadas por este proyecto”, expresó.
En un país donde la infraestructura suele avanzar más rápido que los derechos, la represa El Tablón aparece como una respuesta urgente, pero aún incompleta, a la crisis climática. La pregunta que sigue flotando es: ¿quién paga el precio por salvar el Valle de Sula?
