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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), condenó la muerte violenta del abogado Reynaldo Barahona con el que suman alrededor de 153 los profesionales del derecho muertos desde el año 2002, crímenes que se mantienen en la impunidad en más del 90% de los casos.
El profesional del derecho fue ultimado este lunes en un comedor ubicado frente a la Corte Suprema de Justicia por desconocidos fuertemente armados
El ente estatal hizo un llamado a las autoridades a establecer mecanismos efectivos de seguridad que permitan fortalecer la protección del derecho a la vida en el país.
“Es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares”.
Una las preocupaciones del CONADEH es el nivel de impunidad de estos crímenes, lo cual impide que se conozcan las causas por las que pierden la vida violentamente los profesionales del derecho.
Es importante fortalecer la investigación y una mejor coordinación entre los operadores de justicia para reducir drásticamente el alto nivel de impunidad prevaleciente en el país.
Los hechos violentos contra los miembros de este gremio empezaron a registrarse en el 2002, sin embargo, los mismos se agudizaron a partir del año 2010, de allí que, en los últimos 9 años, han muerto más de 130 profesionales del derecho, un promedio de 15 por año
Este nivel de violencia delincuencia hace que, en Honduras, el ejercicio del derecho se haya convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
Al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte violenta de profesionales del derecho. Más del 70% de los casos se registró en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
Entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta figuran, ex jueces de letras, de la niñez; especialistas, en derecho penal, laboral, mercantil y civil, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, jueces de la niñez, de tránsito, de Letras, de lo Penal, de Paz y de tribunales de sentencias, asesores legales de entes gubernamentales, grupos campesinos.
Además, empresas de transporte pesado, directivos del Colegio de Abogados de Honduras, aspirantes a cargos de elección popular, jubilados, abogados que ejercían su profesión en bufetes privados y otros que combinaban su labor con otras actividades empresariales y religiosas. Según el CONADEH, más del 90% de los abogados fueron ejecutados con armas de fuego.
