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TEGUCIGALPA. En el aniversario del segundo mandato de Juan Hernández en Honduras, sectores progresistas unidos a los sectores más conservadores del país han llamado a movilización social con una consigna en común: la renuncia del presidente.
El 27 de enero de 2018, durante la investidura para su segundo mandato, Juan Orlando Hernández, “JOH” como le llaman en Honduras, prometía diálogo en medio de una fuerte represión a las protestas ciudadanas que rechazaban su reelección acusándola de fraudulenta.
Diálogo no hubo durante el 2018. En cambio, Hernández cumple en la presidencia un año marcado por múltiples denuncias de corrupción contra la clase política y un histórico tsunami migratorio derivado del deterioro del Estado de Derecho.
“Hay hambre. No hay fuente de trabajo. Qué vamos a hacer con este gobierno, si Estados Unidos lo tiene ahí puesto. Nosotros no” dice un hondureño que parte en una de las caravanas de emigrantes que van huyendo de la miseria y las violencias derivadas. Como él, diferentes sectores sociales del país acusan abiertamente al presidente Hernández de haber usurpado el triunfo al candidato de la oposición de izquierda Salvador Nasralla, a quien consideran el presidente de Honduras.
Pese a que la Constitución del país prohíbe la reelección, Juan Orlando Hernández se presentó en 2017 para un segundo mandato consecutivo gracias a una cuestionada decisión de la Corte Suprema de Justicia que aprobó su candidatura. En la noche del 17 de diciembre, al cierre de las votaciones, su rival, Salvador Nasralla, llegaba a la cabeza según los resultados parciales, pero tras una serie de apagones en las instalaciones del órgano electoral y otros hechos confusos, la tendencia se revirtió a favor de Hernández.
Misiones de observadores de la UE y la OEA indicaron las falencias de dicho proceso electoral y esta última recomendó la celebración de nuevos comicios que nunca se llevaron a cabo. Un año después, la oposición sigue denunciando el fraude.
“Esa ruta de lucha que ha escogido la oposición es ilegítima. Estuvimos diez meses en un diálogo político bajo la coordinación de la ONU y nunca entregaron una sola prueba” asegura el ministro de la presidencia Ebal Díaz. “No entregaron una sola acta que haya sido alterada en el tribunal electoral. Eso demuestra que es una forma de hacer oposición orientada a dañar la economía nacional para justificar su existencia”, agrega el segundo del gobierno de Honduras.
“Mentira” responde Salvador Nasralla
“Pedimos que nos entregaran los cuadernillos de votación y que nos dejaran ver las actas y no quisieron. Porque al menos 3.000 de las actas reales fueron cambiadas por actas a favor de Hernández. Y tampoco quisieron mostrar los cuadernillos donde aparecen 300 mil muertos que aparecen votando y 300 mil personas residentes en el extranjero que también votan a favor de Hernández. Hubo dos fraudes el año pasado. Uno de 600 mil personas cuyas identidades fueron utilizadas porque ellos pensaban que con esos 600 mil votos me iban a ganar. Pero hasta las siete de la noche perdían por 5%. Entonces recurrieron a apagar el sistema más de 600 veces y mandaron a dormir a los empleados para aprovechar y comprar las 3.000 actas del Partido Libre”.
“Fuera JOH” es el grito de la gente en las calles de Honduras durante las manifestaciones antigubernamentales de esta semana. Un grito que evidencia una profunda crisis de institucionalidad democrática en Honduras que se arrastra desde hace diez años con el golpe al presidente Manuel Zelaya, y se ha recrudecido con el gobierno de Juan Orlando Hernández, reelegido finalmente en 2017 con solo un 1,7% de ventaja sobre Nasralla.
Un grito de rechazo a la corrupción de las élites políticas y económicas y su connivencia con el crimen organizado, pero que ha sido violentamente reprimido.
Para Joaquín Mejía, investigador en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, el principal problema es la capacidad de movilización de un pueblo que tiene miedo.
“Hay que recordar lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el gobierno de facto de Juan Orlando Hernández privilegia la represión ante el diálogo y parte de la violencia generalizada en Honduras proviene de la policía, del ejército y de la policía militar, en algunas ocasiones en complicidad con el crimen organizado. Amnistía Internacional dice que en Honduras las personas no nos podemos expresar libremente y si lo hacemos enfrentamos toda la fuerza represiva del Gobierno”, afirma el científico social y defensor de Derechos Humanos, Joaquín Mejia.
VÍA: RFI Español
