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El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) comparte la posición de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la necesidad de efectuar reformas tendientes a fortalecer el sistema de control en la administración pública.
En su comunicado la MACCIH informa pormenores del caso denominado “Arca Abierta”, exponiendo en un apartado que “se evidencia que los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos, son ineficientes”. Que a ello, “se suma que el Tribunal Superior de Cuentas en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Público 2017 del 31 de julio de 2018, halló debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público”.
Al respecto, el TSC comparte la posición de la MACCIH en el sentido que es indispensable fortalecer el sistema de control existente, con los estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita el seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración pública.
El TSC es consciente de la urgente necesidad de aprobar reformas legales que permitan fortalecer la capacidad de prevenir y evitar que se cometan actos irregulares que perjudiquen el patrimonio público.
Sobre este particular, en dos ocasiones, en el año 2017 y en el 2018 el Pleno de Magistrados del TSC presentó ante el Honorable Congreso Nacional un proyecto de reforma a su Ley Orgánica.
En dicha reforma, entre otros aspectos, se propone optimizar la labor de las Unidades de Auditoría Interna de las instituciones del sector público, permitiendo conceder al TSC la facultad de seleccionar, designar y destituir al Auditor Interno y su personal auxiliar, atribución que actualmente le compete al Ejecutivo.
Con la modificación a la ley se pretende que el Auditor Interno y su personal auxiliar actúen con independencia dentro del ámbito de su competencia ejerciendo correctamente su labor preventiva, sin temor a ser destituido por el titular de la dependencia, (sea este ministro, director, etcétera) cuando detecte algún hecho irregular.
Con ello, se busca garantizar no solo la estabilidad laboral del Auditor Interno y su personal auxiliar, sino fortalecer su rol fiscalizador empleando eficazmente mecanismos de control que prevengan la comisión de irregularidades en las instituciones del Sector Público.
Por tal razón el TSC propone el fortalecimiento de las disposiciones que obligan a la creación de un estamento de controles preventivos que obligatoriamente deben aplicarse en todas las instituciones públicas para detectar las condiciones de percepción de debilidades administrativas y de conductas de los funcionarios, antes de que se incurra en algún acto de corrupción.
Además, se considera que para que el TSC disponga de la fuerza legal suficiente para hacer posible la labor de control e investigación es necesario reformar la Ley Orgánica a efecto de armonizar sus preceptos con la Constitución de la República, la Convención Interamericana contra la Corrupción, los demás Convenios suscritos por Honduras al efecto y otras leyes de la administración pública.
Por consiguiente, el TSC espera que el Congreso Nacional someta a discusión y aprobación de las reformas a la Ley Orgánica
No se emitieron constancias
En torno al caso Planeta Verde forma parte de las auditorías e investigaciones que conduce el TSC relacionadas a la gestión y uso de recursos del Fondo Social Departamental.
Sobre este tema, recientemente nueve diputados presentaron un escrito ante este ente contralor solicitando una constancia sobre el estado actual de las liquidaciones.
Al respecto el TSC respondió mediante oficio: “Que de acuerdo a nuestros archivos de documentación recibida por las ONGs y por la Secretaria de Finanzas, las liquidaciones de la Asociación Planeta Verde presentadas en su momento ante la Secretaría de Finanzas y este ente contralor, la liquidación de los fondos recibidos mediante F-01 1789 tiene un STATUS de liquidado ‘según Sefin’.
Lo antes expuesto no impide que el TSC verifique la existencia de la ejecución de obras o proyectos sociales gestionados y financiados con el Fondo Social Departamental.
De hecho, estas auditorías e investigaciones se encuentran en proceso, en el caso de encontrar hallazgos que impliquen la notificación de responsabilidades de tipo civil, penal o administrativo las mismas se notificarán por las vías legales correspondientes.
En consecuencia, el oficio emitido por el TSC a diputados no representa una solvencia ni ‘finiquito’ con el Estado de Honduras, sino un documento mediante el cual se acusa el estado de la información presentada a la Secretaría Finanzas a efecto de realizar las auditorías e investigaciones especiales.
