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TEGUCIGALPA.El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda, presentó al Ministerio Publico (MP) un informe sobre los hallazgos de responsabilidad penal de Inversión Estratégicas de Honduras (Invest-H) en la compra de hospitales móviles para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Asimismo, emitió un comunicado con el propósito de informar a la ciudadanía en relación a la AUDITORÍA ESPECIAL que este Órgano Contralor, , se encuentra realizando a INVEST-H, desde el día lunes 11 de mayo de 2020, a través de la Comisión de Auditores responsables de efectuar la misma.
COMUNICADO INTEGRO
Desde que se decretó la emergencia por la pandemia del COVID 19, este órgano contralor suspendió sus funciones con el propósito de cumplir el mandato del gobierno, con la finalidad de salvaguardar la salud de quienes laboran en esta entidad.
No obstante lo anterior, el Pleno de Magistrados solicitó a los empleados y funcionarios que en forma voluntaria participaran en el acompañamiento de la implementación del control concurrente en las Unidades de Auditorías Internas y la fiscalización a posteriori de las instituciones que conforman el SINAGER y las Municipalidades del País, en virtud de la emergencia decretada. En ese sentido, los auditores fueron integrados a los equipos de trabajo conforme iban presentándose de forma voluntaria y no como presumen algunos actores que fueron seleccionados por algún Magistrado.
Integrados los equipos de auditoría, estos iniciaron su labor operativa siendo dirigidos por un supervisor, un jefe de equipo y el encargado de la comisión, quienes firman los respectivos informes de auditoría una vez que esta concluya; no siendo atribución de ninguno de los miembros que conforman el Pleno de Magistrados del TSC, participar en los procesos de auditoría, siendo su única intervención la firma de oficios solicitando información a los sujetos pasivos, a requerimiento de las comisiones de auditoría.
En atención a lo descrito en el numeral anterior, en el comunicado del 08 de Julio de 2020, el Magistrado que Preside el Pleno del TSC, informó a la ciudadanía que no existe ningún conflicto de interés con el posible sujeto de responsabilidad resultante de la Auditoría Especial que se está realizando a INVEST-H. Empero, me comprometí a título personal basado en mis principios éticos y morales que han regido mis actuaciones a lo largo de mi vida personal y profesional, con fundamento en la Constitución de la República, la ley Orgánica y Reglamento del TSC, a presentar mi excusa en el momento procesal oportuno si fuese el caso; que es una vez notificados los pliegos de responsabilidad a los posibles responsables, no intercediendo como se dijo en párrafos anteriores, en el proceso operativo de auditoría.
No obstante, no siendo el momento procesal oportuno de acuerdo a nuestra normativa, ni estar acreditada ninguna causa para la presentación de una excusa por parte de mi persona, hago del conocimiento a mis conciudadanos que para su tranquilidad, he dialogado con el Magistrado Ricardo Rodríguez quien de acuerdo con la ley me sucederá en la Presidencia del TSC el próximo año, para que él se haga cargo de la firma de oficios para solicitud de información que es dirigida a los más altos niveles de autoridad relacionadas con el caso INVEST-H, en virtud que es la única intervención que tiene la Presidencia así como de apoyar cualquier requerimiento de logística solicitada por la Comisión de Auditores para realizar su trabajo. Por lo que, oficializaré dicha delegación a partir de esta fecha en el Magistrado Rodríguez.
Finalmente, comunico al público en general, que en esta fecha se trasladó al MINISTERIO PÚBLICO EL “INFORME CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL, N°002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-A”; por el período comprendido del 19 de marzo al 4 de mayo de 2020, que se deriva de la Investigación Especial practicada a INVEST-H; de esta forma el TSC presidido por mi persona, está cumpliendo con el mandato constitucional para el cual fue creado, que es el de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, en el caso particular, los fondos asignados para atender la emergencia sanitaria nacional producto del COVID-19.
