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TEGUCIGALPA, HONDURAS. La última reunión del Consejo de Ministros, encabezada por la presidenta Xiomara Castro, dejó un mensaje político claro: el Gobierno asegura una transición pacífica, respalda el marco legal vigente y acompaña la exigencia institucional para que se realice el escrutinio total de las actas electorales.
Sin embargo, más allá del discurso de estabilidad, el país enfrenta un nudo aún sin resolver: el proceso electoral no ha cerrado formalmente, y su desenlace depende de una decisión concreta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Desde el Ejecutivo se reiteró que la transición debe desarrollarse sin rupturas, respetando la memoria institucional y el orden legal. Así lo expresó la viceministra de Gobernación, Heidy Alachán, al asegurar que la mandataria ha instruido a las instituciones a actuar conforme a los roles que la ley les asigna y a mantener ese comportamiento “hasta el último día” de la actual administración.
El mensaje apunta a la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo: mientras no se complete el escrutinio general, el proceso electoral permanece técnicamente inconcluso.
En ese contexto, la presencia del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en la reunión de Consejo de Ministros no fue un detalle menor. A su salida, anunció que el Legislativo hará llegar formalmente al CNE la Gaceta número 37,039, publicada el 9 de enero, donde se ordena proceder al escrutinio general de las 19,167 actas electorales.
El mensaje es directo: si el CNE no ejecuta el escrutinio de inmediato, el Congreso asumirá esa función, amparado en el artículo 205 numeral 7 de la Constitución, que faculta al Legislativo a realizar el conteo y declarar la elección cuando el órgano electoral no lo haya hecho.
Aquí se concentra el punto más sensible del momento postelectoral: ¿cerrará el proceso el órgano técnico electoral o se activará una vía excepcional prevista para situaciones límite?
Congreso, CNE y el riesgo de un precedente
El debate se profundiza por un hecho clave: la declaratoria del CNE no ha sido publicada en La Gaceta, debido a que —según explicó el vicecanciller Gerardo Torres— el documento “no está terminado” y contiene únicamente resultados parciales.
Para expertos consultados por Primicia Honduras, este detalle no es menor. La publicación oficial no es un trámite administrativo, sino el acto que da validez jurídica plena al cierre del proceso electoral.
“Mientras la declaratoria no esté completa ni publicada, el proceso sigue abierto. No es una interpretación política, es un hecho jurídico”, explica un analista en derecho electoral.
Aunque la Constitución contempla la posibilidad de que el Congreso asuma el escrutinio, especialistas advierten que activar esa facultad implica un precedente delicado.
“No se discute si la norma existe, sino si su aplicación fortalece o debilita la confianza en el sistema electoral. El escenario ideal es que el CNE cumpla su función y cierre el proceso”, señala una académica en institucionalidad democrática consultada por este medio.
El traslado del escrutinio a otra instancia, incluso legal, no resolvería el conflicto de confianza, y podría prolongar el debate en lugar de cerrarlo.
Finanzas y estabilidad: un mensaje paralelo
En la misma sesión, el Consejo de Ministros conoció un informe sobre el estado de las finanzas públicas. El Gobierno afirmó dejar recursos disponibles en la caja única, sin fideicomisos, con estabilidad macroeconómica, crecimiento proyectado del 3.9% y reservas internacionales históricas superiores a los 10 mil millones de dólares.
Este mensaje económico funciona como contrapunto político en medio de la incertidumbre electoral: estabilidad financiera frente a un proceso electoral aún inconcluso.
Más allá de discursos, cifras o posicionamientos institucionales, el momento actual se resume en una sola pregunta: ¿cerrará Honduras su proceso electoral conforme a los procedimientos ordinarios o entrará en una fase excepcional que pondrá a prueba la arquitectura institucional del país?
La transición no depende únicamente de que sea pacífica, sino de que sea jurídicamente sólida y plenamente cerrada. El escrutinio general no es un gesto político: es la pieza que falta para dar certeza, legitimidad y cierre a un proceso que sigue abierto.
En los próximos días, el país no solo definirá un resultado electoral, sino el precedente sobre cómo resuelve sus crisis postelectorales.
