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Un juez de San Diego suspendió este lunes las deportaciones de las familias de indocumentados recientemente reunidas tras ser separadas por las autoridades al cruzar la frontera.
Dana Sabraw, el juez federal que ordenó la entrega de hasta 3.000 niños a sus familias antes del 26 de julio, respondió a un recurso de amparo de la ONG Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en el que manifestaba preocupación sobre supuestos planes del gobierno para expulsar del país a estas familias sin el debido proceso.
El Departamento de Justicia (DoJ) tiene hasta el 23 de julio para responder a esta demanda.
Se estima que entre 2.500 y 3.000 niños fueron separados del adulto con el cruzaron ilegalmente la frontera, como parte de una política de “tolerancia cero” impulsada por el presidente Donald Trump, quien llegó al poder con un severo discurso anti-inmigrantes.
“El juez una vez más dejó claro que el gobierno tomó a esos niños inconstitucionalmente y ahora debe hacer todo lo que está en su poder para reunirlos de manera segura y antes del plazo”, dijo Lee Gelernt del Proyecto para los derechos de los inmigrantes de ACLU, en un comunicado.
“Buena fe”
El gobierno aseguró el jueves pasado que reunió con su familia a todos los menores de cinco años que eran “elegibles” de ser devueltos.
Sabraw ordenó que todos los menores de cinco años debían ser devueltos con sus familias para el 10 de julio. Y dio plazo hasta el 26 del mismo mes para que todos los mayores de esa edad fueran retornados.
El gobierno ha pedido más tiempo para cumplir con la orden judicial. El viernes dijo en la corte que sentía que había “buena fe” por parte de las autoridades.
De los 103 niños menores de cinco años contemplados por la orden judicial, 57 fueron devueltos con sus padres por cumplir con los requisitos establecidos por la ley, en tanto 46 fueron considerados “inelegibles”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Entre los 46 que aún siguen bajo la égida del gobierno, 22 permanecen bajo su protección por problemas de seguridad de los adultos involucrados – de esos 11 tienen antecedentes penales graves de asesinato, crueldad infantil, tráfico de personas o violencia doméstica- y 24 porque los adultos no reunían las condiciones para recibirlos.
Las autoridades determinaron que siete adultos no eran los padres de los niños y que 12 padres ya habían sido deportados y debían ser contactados. Sabraw consideró esto último una “alarmante realidad”.
