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La creciente ola de asaltos en unidades del transporte público volvió a ser noticia en las últimas horas tras el nuevo llamado de auxilio del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, quien, visiblemente preocupado, denunció a través de sus redes sociales los constantes robos que sufren estudiantes y personal universitario mientras se trasladan hacia los campus en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
“¡Lanzamos un SOS e imploramos para que por favor nos escuchen! Es impotente saber que nuestros alumnos se ven afectados por la inseguridad. ¡Ayuda por favor!”, escribió Fernández, advirtiendo que esta es la segunda vez que hace una solicitud formal al Ministerio de Seguridad y a la Policía Nacional.
Según el rector, la universidad no tiene capacidad para ofrecer transporte privado, por lo que urge una respuesta estatal. La denuncia no es aislada: ciudadanos en redes sociales y medios comunitarios reportan a diario asaltos, intimidaciones y violencia en autobuses urbanos sin que se observen medidas sostenidas de prevención.
Una queja que se multiplica
Las estrategias implementadas por la Policía Nacional y la Policía Militar parecen no haber logrado contener el problema. Aunque en algunas ocasiones las autoridades sí responden, la reacción suele ser momentánea y sin continuidad, generando la percepción de que se actúa solo para apagar el incendio, pero no para evitar que se repita.
Muchos hondureños expresan su malestar asegurando que la presencia policial en zonas críticas es escasa o nula, permitiendo que bandas delincuenciales operen con total impunidad. La demanda de la ciudadanía es clara: se necesita presencia policial permanente, especialmente en estaciones, terminales y puntos estratégicos de las ciudades más afectadas.
En redes sociales, el malestar es palpable. Algunos comentarios van más allá: señalan que el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, dedica más tiempo a su rol como presidente de un club de fútbol que a las urgencias del país. Para muchos, la seguridad sigue siendo “un show mediático”, mientras las estadísticas oficiales maquillan una realidad que no se puede ocultar en las calles.
Inseguridad y caos vial
La falta de seguridad en el transporte público también ha generado un fenómeno social y ambiental preocupante: cada vez más personas optan por adquirir vehículos particulares para evitar el riesgo de ser asaltadas. Esto ha disparado el parque vehicular en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde el tráfico colapsa a diario, con un alto costo en emisiones contaminantes y estrés urbano.
Sin embargo, ni siquiera tener vehículo garantiza seguridad. Numerosos reportes de conductores asaltados en semáforos, bulevares y estacionamientos muestran que el miedo es generalizado. Y aunque las autoridades aseguran estar trabajando en planes de contención, los resultados siguen siendo insuficientes y la ciudadanía lo siente.
Urge un plan real y sostenible
Lo que está en juego no es solo la seguridad de los estudiantes universitarios, sino la confianza ciudadana en un sistema que parece no garantizar ni lo más básico: el derecho a movilizarse con tranquilidad. La situación requiere mucho más que comunicados oficiales; se necesitan estrategias sostenidas, presencias visibles y coordinación real entre las fuerzas del orden y las autoridades locales.
Mientras tanto, la población sigue atrapada entre la violencia, el tráfico y la falta de soluciones reales. Y en medio de ese colapso, la seguridad –como derecho básico– sigue siendo una deuda pendiente.
