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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo de Nicaragua por despojar de nacionalidad a más periodistas y calificarlos de “traidores a la patria”.
La orden de despojo de nacionalidad y expropiación de bienes dictada por Ortega esta semana afecta a los periodistas Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana; Wilfredo Miranda, colaborador de El País, España; Lucía Pineda, 100% Noticias; Luis Galeano, Café con Voz; Jennifer Ortiz, Nicaragua Investiga; Patricia Orozco, Onda Local; Manuel Díaz, Bacanal Nica; Álvaro Navarro, Artículo 66; David Quintana, Boletín Ecológico; Aníbal Toruño, Radio Darío; Santiago Aburto, BTN Noticias; Jimmy Guevara, Criterios; Sofía Montenegro, Silvia Nadide Gutiérrez y Camilo de Castro Belli, según la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
El viernes pasado fueron afectados por la misma medida los periodistas Miguel Mendoza, Miguel Mora, Manuel Antonio Obando, Wilberto Artola, Sergio Cárdenas, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio de La Prensa, y Juan Lorenzo Holmann, gerente general de ese diario y vicepresidente regional por Nicaragua de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Todos habían sido expulsados y desterrados como parte de un contingente de 222 personas que llegó en un vuelo charter a Washington DC.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, expresó: “Condenamos estas medidas. La expropiación de bienes periodísticos y el despojo de la nacionalidad de los periodistas son inaceptables, pero no sorprendentes para este régimen que sigue ocupando uno de los últimos puestos de nuestro índice Chapultepec, que clasifica a los países en función de sus acciones que afectan a la libertad de expresión y de prensa”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, hizo referencia a las advertencias que vino haciendo la SIP desde 2018 sobre “las intenciones del régimen cuando aprobó una batería de leyes como estrategia para amordazar las libertades de prensa y expresión y profundizar su totalitarismo”.
Desde entonces, la SIP vino denunciando por anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. El 9 de febrero, la Asamblea Nacional (oficialista y hegemónica) argumentó sobre esta última ley para reformar la Constitución y despojar de la nacionalidad nicaragüense a los infractores de esta disposición.
La SIP sigue insistiendo ante la comunidad internacional para que la Unión Europea, Estados Unidos y otros países democráticos de América Latina condenen al régimen y tomen medidas adecuadas para neutralizar los ataques a los derechos humanos y las libertades individuales y sociales de todos los nicaragüenses.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
