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La minería ha causado “deterioros severos” en los ecosistemas y la biodiversidad de Honduras y ha aprovechado los vacíos legales para facilitar la imposición de sus intereses en las comunidades, por lo que el Estado debe dictar una moratoria de esta actividad, según un estudio divulgado este miércoles.
El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad, privado) publicó hoy “Quién paga los daños: La minería en Honduras, de las promesas a la desesperanza”, un estudio en el que expone la “urgencia” de aprobar e implementar políticas públicas para que haya “reparación de los daños ambientales y sociales, y prevenir las catástrofes” en los territorios concesionados para la extracción minera.
El documento también hace una valoración del impacto de los “deterioros severos” que han sufrido los ecosistemas y la biodiversidad en las zonas de influencia de las empresas mineras.
Alexis Mondragón, autor del estudio, dijo a EFE que la minería ha tenido “un impacto negativo” en Honduras, donde sus daños “los paga” la población.
“El daño ambiental (de la minería) no solo se circunscribe a la pérdida de unos cuantos bosques, sino también abarca la pérdida de animales, es decir, la biodiversidad, la pérdida de un modo de vida, la pérdida de fuentes de agua que los campesinos utilizaban para producir sus fríjoles, arroz o maíz”, explicó Mondragón.
Enfatizó que las personas que sufren enfermedades como consecuencia de la explotación minera en sus comunidades no recibieron ningún tipo de compensación ni tratamientos médicos.
Ante ello, el investigador señaló que Honduras debe establecer normas y controles estrictos para prevenir cualquier tipo de accidente o atender los problemas que puedan derivarse de la inversión minera.
Lagunas legales y debilidad institucional
El documento señala además que las empresas mineras han aprovechado “las lagunas legales y debilidades institucionales” para imponerse en las comunidades a través de “todo tipo de amenazas y acciones de hostigamiento y persecución, con ayuda de la policía y Fuerzas Armadas, infringiendo los derechos humanos individuales más elementales”:
La Ley de Minería y su reglamento presentan una “serie de falencias”, pues la normativa favorece a las actividades mineras en diferentes apartados, como el uso irrestricto de recursos como el agua, añade.
Señala que la ley “carece de un marco de normas específicas” para prevenir posibles daños ambientales y sociales, de mecanismo compensatorios para remediar los efectos sobre la naturaleza, así como también de medidas concretas para compensar económicamente a las víctimas.
Por ello, el Cespad resalta la “necesidad urgente” de aprobar un nuevo modelo de explotación minera, orientado a alcanzar una “distribución justa y equitativa de los beneficios” entre todos los actores involucrados en la actividad.
“Los posibles efectos negativos y el impacto resultante deberían ser asumidos financieramente por los responsables directos de los prejuicios”, subraya el documento.
Revisar los contratos de minería
El Cespad recomienda establecer “una moratoria” para las grandes y medianas empresas mineras, con el fin de realizar una revisión exhaustiva de la vocación y matriz económica del país para evaluar la factibilidad, viabilidad y sostenibilidad de las explotaciones mineras.
“Esto es una oportunidad y un reto para revisar todo el sistema y modelo productivo en relación con la minería” y, para ello, se requiere fortalecer las capacidades de los agentes de Estado involucrados en todo el proceso para que asuman un rol “más proactivo” en las tareas de supervisor y control.
El organismo sugiere también que crear sistemas y mecanismos compensatorios económicos para las víctimas de desastres medioambientales y sociales provocados por las explotaciones mineras. EFE
