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La extorsión, los homicidios, amenazas y el despojo de bienes y propiedades figuran entre las principales causas que siguen generando desplazamiento forzado de personas en Honduras, pese a que está vigente un estado de excepción que se instauró desde diciembre del 2022 y que actualmente alcanza el 76 por ciento de los municipios del país.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en relación a las quejas atendidas, declaró que la tendencia indica que, en el primer trimestre del 2024, el desplazamiento forzado de personas va en crecimiento.
La fuente señaló que, entre las causas que siguen generando el desplazamiento forzado de personas figuran la extorsión, los homicidios, las tentativas de homicidios, el despojo de bienes y de propiedades, el reclutamiento forzado de niñas y niños y la violencia basada en género.
En lo que va del año, uno de los sectores más afectados son los comerciantes que son víctimas de amenazas, extorsión e incluso de tentativas de homicidios, situación que genera que estas personas abandonen sus negocios y sean objeto de desplazamiento forzado por violencia.
“La extorsión nos está golpeando fuertemente en el país, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con mayor incidencia en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde se concentra el mayor número de casos”, expresó Reyes.
Entre el 2016 y el 2023, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh (UDFI) identificó, al menos, 8,200 casos relacionados al desplazamiento forzado, de los cuales 3,116 (38 por ciento) estaban en situación de desplazamiento y 5,084 (62 por ciento) en riesgo de desplazamiento.
Solo en el 2023, cerca de 1,700 personas denunciaron, ante el Conadeh, estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado.
De los casi 1,700 casos de desplazamiento forzado, atendidos por el Conadeh, en el 2023, el 62 por ciento de las personas, víctimas de esta modalidad violatoria de los derechos humanos, revelaron estar en riesgo pero que, aún no habían abandonado sus hogares, aunque su integridad y su vida está en peligro, mientras que el 38% admitió que son personas víctimas de desplazamiento forzado.
El departamento de Francisco Morazán pasó de registrar 617 quejas en el 2022 a 841 al cierre de 2023, seguido por el departamento de Cortés que de 315 quejas en el 2022 pasó a 364 un año después.
Las “maras y pandillas” fueron identificadas, por las víctimas, como los principales agresores en el 30.6 por ciento de las quejas relacionadas a desplazamientos forzados. Además, en el 27.8 por ciento de los casos, las personas peticionarias identificaron a familiares, pareja, vecinos e incluso al empleador y compañeros de trabajo.
En el 33.4 por ciento de los casos, las personas que interpusieron quejas relacionadas a desplazamiento forzado interno indicaron que “desconocían” a sus agresores, ya que las amenazas las recibieron vía telefónica o a través de notas escritas en papel.
El 3 de diciembre de 2022, el gobierno adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022 que dio origen al estado de excepción que, hasta abril del 2024, abarca 226 municipios de los 18 departamentos del país.
“El estado de excepción se implementó supuestamente para hacerle frente a la delincuencia común y organizada, dar con los responsables de delitos como la extorsión, para preservar la vida, restablecer la paz y el orden en el país y luchar contra la impunidad”, detalla el Conadeh en su comunicado.
Finalmente, son del criterio que, hasta ahora, dicha medida, adoptada por el gobierno, no ha dado los resultados que espera la población, ya que la violencia no ha disminuido y fenómenos como el desplazamiento forzado de personas sigue en crecimiento cada año.
