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El actual Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha sido señalado como cómplice en el robo de evidencias de un narcolaboratorio descubierto en 2014 en la aldea La Cumbre, en La Iguala, Lempira, según un informe de la Policía Nacional de Honduras, publicado recientemente por el internacional medio de comunicación Infobae.
El artículo titulado “Cómo la Policía Nacional de Honduras protegió un narcolaboratorio del expresidente Juan Orlando Hernández” detalla cómo Sánchez, junto a otros oficiales, habría encubierto el robo de evidencia relacionada con el laboratorio de cocaína. El informe sostiene que, aunque Sánchez fue responsable de investigar lo sucedido con las evidencias, su trabajo no produjo resultados y lo ubica como cómplice del robo.
Los hechos
A finales de enero de 2014, una operación antinarcóticos en Honduras, basada en información de un informante local, permitió la intervención de un laboratorio de cocaína en la región. Durante el operativo, se capturaron a dos ciudadanos colombianos, quienes posteriormente fueron liberados.
Las investigaciones posteriores revelaron la implicación de una red de policías y fiscales que protegieron a los verdaderos responsables: Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente, y otros miembros del círculo criminal.
El informe detalla que varios oficiales de la Policía Nacional, como Josué Constantino Zavala y Mauricio Hernández Pineda, ofrecieron protección a los responsables del laboratorio, como los colombianos Rubén Darío Pinilla y Fredy Hernán Roldán Jiménez.
Según Infobae, entre los socios de esta red criminal se encuentra Samuel Armando Reyes, mencionado en el juicio contra Juan Orlando Hernández en Nueva York, y Tulio Armando Romero, un exmilitar que fue escolta del expresidente. El informe ha sido confirmado por altos oficiales del gobierno actual y un agente estadounidense destacado en Honduras.
Encubrimiento y obstáculos en la investigación
El informe también señala que el Ministerio Público, bajo la dirección de Óscar Chinchilla, un fiscal cercano a Juan Orlando Hernández, detuvo las investigaciones sobre los policías implicados en el encubrimiento. Posteriormente, la DEA solicitó la reactivación de estas investigaciones tras la captura de “Tony” Hernández en 2018.
Uno de los primeros nombres mencionados fue el del comandante Josué Constantino Zavala, quien bloqueó las primeras investigaciones. A lo largo de las pesquisas, también emergió el nombre de Kenneth Obdulio Sabillón Flores, quien estuvo presente en el operativo del 31 de enero de 2014. Según el informe, él y Zavala se apropiaron de las evidencias encontradas en el narcolaboratorio, lo que llevó a la falta de acusaciones contra los detenidos.
Esta no es la primera vez que Sabillón Flores está vinculado a crímenes. En 2009, informes de inteligencia lo señalaron como uno de los responsables intelectuales del asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González.
Además, se le ha relacionado con otros crímenes, como el asesinato de Gustavo Alfredo Landaverde Hernández, un político que denunció públicamente la relación entre el narcotráfico y el poder político en Honduras.
