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El gobierno hondureño ratificó los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo del diálogo instalado en el país en agosto, bajo la coordinación de la ONU, para superar los problemas surgidos por un presunto fraude en las elecciones generales de 2017.
El ministro hondureño de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo en un comunicado que el gobierno que preside Juan Orlando Hernández ha ratificado los acuerdos firmados en las cuatro mesas del diálogo político.
Señaló que en la reunión de este lunes, cuando Hernández cumplió un año de haber sido reelegido en el cargo en unos comicios en los que la oposición sigue aduciendo que hubo “fraude”, el tema principal fue la entrega a las Naciones Unidas del trabajo realizado por las mesas del diálogo político.
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Ante la posibilidad de una amnistía por delitos postelectorales que pide la oposición, Díaz dijo que el Gobierno no cree que ello contribuya a la reconciliación nacional, pues se trata de “beneficiar a personas que saquearon negocios y cometieron delitos comunes en contra de otros hondureños que no tenían nada que ver con el conflicto político”.
Señaló que no hubo acuerdo en el tema de la consulta popular para saber si los hondureños quieren que haya o no reelección presidencial, ya que el Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, presentó algunas observaciones que todavía se van a seguir discutiendo.
Díaz precisó que en el tema de la integración del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral hay puntos coincidentes con los liberales, pero los representantes de Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, no están de acuerdo.
El Registro Nacional de las Personas es el encargado de inscribir e identificar a la ciudadanía mediante la entrega de cédulas de identidad, la inscripción de los recién nacidos y además emite los certificados de defunción.
El alto cargo pidió que los acuerdos ya firmados sean acompañados por las “posturas” del Partido Liberal con relación a la reelección presidencial, la amnistía por delitos postelectorales, así como la posición de los representantes de Nasralla, que no reconoce las elecciones del 26 de noviembre, en las que fue reelegido Juan Orlando Hernández, aduciendo que hubo fraude.
