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Este 22 de abril, el mundo conmemora el Día de la Tierra, una fecha destinada a reflexionar sobre la necesidad de proteger el planeta y sus ecosistemas frente a la creciente crisis ambiental.
En Honduras, esta conmemoración adquiere una dimensión particularmente preocupante, ante el evidente deterioro de los recursos naturales y la falta de medidas efectivas para detener prácticas destructivas que continúan avanzando sin control.
Incendios forestales provocados, invasión de áreas protegidas para desarrollo habitacional, tala ilegal y contaminación de fuentes de agua son algunos de los principales problemas que persisten con escasa respuesta institucional.
Esta reflexión cobra una relevancia aún más urgente, no solo por el deterioro de los recursos naturales, sino por el riesgo extremo que enfrentan aquellos que luchan por protegerlos.
En los últimos años, los defensores del medio ambiente en Honduras han estado bajo ataque. Activistas y líderes comunitarios han sido asesinados por oponerse a proyectos que destruyen bosques, ríos y territorios indígenas. Esta crisis de violencia contra los defensores ha convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos para quienes luchan por la preservación del medio ambiente. La impunidad sigue siendo la regla, y las denuncias de asesinatos de activistas se acumulan sin que las autoridades logren llevar a los responsables ante la justicia.
Y aunque existen marcos legales y estructuras competentes, como el Instituto de Conservación Forestal (ICF), los recursos para actuar son limitados y muchas veces superados por la falta de voluntad política y el debilitamiento de los procesos de vigilancia y sanción.
En las últimas semanas, distintos puntos del país han registrado incendios que afectan miles de hectáreas de bosque, muchos de ellos iniciados con fines de apropiación de tierras.
Esta práctica se ha vuelto común, especialmente en zonas de alto valor ecológico, donde luego se observan intentos de urbanización informal o proyectos sin regulación.
A pesar de ser un delito ambiental, las consecuencias legales han sido mínimas, lo que fomenta la repetición del patrón.
Diversos sectores han hecho un llamado al Congreso Nacional para revisar y reformar la legislación ambiental vigente, con el objetivo de endurecer las penas contra quienes promueven o ejecutan acciones que destruyen los recursos naturales, y garantizar que estas leyes se apliquen con firmeza, independientemente del rango o poder de los responsables.
También se demanda mayor respaldo presupuestario y operativo al ICF y a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en el territorio.
El impacto de esta crisis no es solamente ambiental. Las comunidades más empobrecidas son las primeras en sentir las consecuencias: acceso limitado al agua, pérdidas en cultivos, enfermedades respiratorias por la quema indiscriminada de basura y deterioro de sus medios de vida.
En este Día de la Tierra, más que celebraciones, se exige reflexión y acción. Honduras no puede seguir permitiendo que sus bosques, ríos y suelos desaparezcan ante la vista de todos.
Aún hay tiempo para frenar el daño, pero se requiere decisión, coherencia y compromiso, tanto desde las instituciones del Estado como desde la ciudadanía. La protección del ambiente no es un lujo, es una urgencia nacional.
