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Honduras se está llenando de humo, metal y ruido. Cada año, decenas de miles de vehículos usados cruzan sus aduanas sin mayores controles técnicos ni ambientales. Mientras el mundo camina hacia un transporte más limpio, el país centroamericano importa en su mayoría lo que otras naciones ya no quieren: carros viejos, contaminantes y muchas veces sin garantía de seguridad.
Un informe, del Banco Central de Honduras (BCH), indica que al cierre de 2024 la flota vehicular nacional superó los 3 millones 359 mil unidades, un crecimiento neto de más de 337 mil nuevos vehículos en apenas un año. De ese total, el 48.3 % son motocicletas, muchas de las cuales circulan sin placas, sin documentación, y sin control.
Este crecimiento acelerado, que a simple vista podría leerse como un síntoma de desarrollo o dinamismo económico, es en realidad reflejo de una combinación de abandono institucional, informalidad rampante, miedo social y desprecio por el medio ambiente.
Mientras países como Costa Rica y El Salvador han implementado políticas estrictas para reducir las emisiones vehiculares, como la promoción de vehículos eléctricos y la renovación de flotas de transporte público, Honduras sigue permitiendo la entrada masiva de vehículos usados sin ningún control ambiental ni inspección técnica rigurosa. Estos países han puesto en marcha restricciones a los autos contaminantes y a la importación de vehículos con más de 10 años de antigüedad, priorizando la sostenibilidad y la seguridad vial.
Un país que importa desechos sobre ruedas
La gran mayoría de estos vehículos son importados de segunda mano, principalmente desde Estados Unidos. Es preciso mencionar que en esos países de origen, muchos de estos vehículos ya no cumplen con los estándares de emisión o eficiencia energética. Pero en Honduras, donde no hay política estatal que regule el tipo de vehículo que se importa, entran libremente como parte de un modelo económico que vive del volumen, no de la calidad.
Y no es casual: pues no se exige pruebas de emisiones, no hay inspección técnica vehicular obligatoria, y los entes estatales (Aduanas y Ambiente) no tienen capacidad (ni voluntad) de controlar el impacto que esto genera.
Más autos, menos seguridad
Pero el problema va más allá del humo. Para muchos ciudadanos, el carro o la moto son herramientas de defensa personal. En un país donde el transporte público es escaso, inseguro o colapsado, tener vehículo propio no es lujo, sino necesidad. Es la forma de evitar caminar por calles peligrosas, subirse a un taxi con temor o usar un bus destartalado que solo pasa una vez por hora.
Esta realidad ha dado pie a un negocio en auge: venta de vehículos usados, importaciones a pequeña escala, financiamientos informales y hasta legalizaciones exprés en oficinas improvisadas. Todo sin una visión integral. Todo sin una política que diga hacia dónde se va.
A eso se suma el dato más escandaloso: más de 1.5 millones de vehículos circulan sin placas ni registro oficial. ¿La razón? Desde hace más de dos años, el gobierno no ha sido capaz de realizar una simple licitación para adquirir placas metálicas. La legalidad se vuelve un lujo, y el caos se normaliza.
Un modelo insostenible que nadie quiere discutir
Mientras tanto, las ciudades más grandes del país — Tegucigalpa y San Pedro Sula, que concentran casi la mitad del parque vehicular— están al borde del colapso. El tráfico es permanente, la calidad del aire cae cada año, y las enfermedades respiratorias afectan a miles, especialmente a niños y personas mayores. Pero no hay un sistema efectivo de monitoreo ambiental, ni una autoridad que tome decisiones firmes.
Se importan vehículos, se venden en cada esquina, se usan hasta deshacerse… y luego se botan o se siguen usando sin condiciones. No hay control técnico. No hay responsabilidad ambiental. No hay inversión en transporte público. No hay futuro si este modelo continúa.
Por otra parte, el boom de las motocicletas es aún más alarmante. Además de su bajo costo, la principal razón por la que se compran motos en Honduras es evitar el tráfico urbano infernal. Son rápidas, accesibles, y representan una salida a la falta de transporte público digno. Sin embargo, la mayoría de las empresas por no decir casi todas, venden este vehículo de dos ruedas y operan sin ninguna regulación ambiental o de seguridad, solo les interesa vender. Promueven créditos fáciles, cuotas bajas, sin advertir al comprador sobre los riesgos reales ni exigir condiciones mínimas.
Un reciente informe de la Policía Nacional a través de la Direccion Nacional de Vialidad y Transporte, confirma que las motocicletas son el principal vehículo involucrado en muertes por accidentes viales. Pero este dato pasa desapercibido mientras las agencias siguen vendiendo sin control y sin responsabilidad.
El país acelera, pero en retroceso
Honduras necesita mucho más que importar vehículos como si fueran frutas: necesita importar ideas, regulaciones, compromisos ambientales. Necesita entender que no se puede llenar el país de humo sin pagar un precio en salud, orden y sostenibilidad.
La pregunta no es cuántos carros más se van a meter. La pregunta es cuánto más aguantará el país con una política vehicular basada en la impunidad, el abandono y el descontrol.
