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Seis de los ocho ambientalistas detenidos hace más de dos años por oponerse a un proyecto minero, en el caso denominado Guapinol fueron enviados a la cárcel según lo determinado por autoridades judiciales
“E Tribunal de Sentencia de Trujillo, por unanimidad de votos declara culpables a 6 ciudadanos por los delitos de Privación Injusta de la Libertad, Daños Simples y Daños Agravados en el caso conocido como Guapinol.
Tribunal programa Determinación de la Pena para el 21 de febrero” confirmó el Poder Judicial.
Quedaron en libertad Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, no así, José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández. Siete de ellos están en prisión desde agosto de 2019, y Jeremías Martínez Díaz, desde noviembre de 2018.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) había instado a la Justicia de Honduras a emitir un “fallo en pleno respeto de la ley”.
La Oacnudh expresó, en un mensaje en Twitter, “su preocupación» porque el Ministerio Público de Honduras «no ha cumplido con el estándar de prueba mínimo ni ha observado a cabalidad el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones” en el juicio contra los defensores del agua, que concluyó el pasado viernes con la etapa de conclusiones.
Los ambientalistas están presos desde agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe de Honduras.
Según el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la detención de los ambientalistas «es arbitraria y contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
Uno de los abogados de los ambientalistas expecialista en derechos humanos y exfiscal, Edy Tabora, dijo el pasado viernes que en la vista judicial ha quedado demostrado que “el Ministerio Público monta casos contra los luchadores sociales en el país”.
La defensa pudo demostrar «con pruebas fidedignas, confiables, objetivas de lo que es capaz el Ministerio Público, con tal de criminalizar a las personas que luchan por los bienes comunes de la naturaleza», señaló Tabora.
La concesión “ilegal» de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company) originó el conflicto en Guapinol, según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, departamento de Colón, en el Caribe.
La empresa Pinares ha afirmado que “es falso» que los defensores estén presos por defender el ambiente y asegura que lo que buscan es evitar la justicia.
