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Los resultados de las pruebas de confianza para aspirantes a Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público serán de carácter reservado.
Así lo informó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, quien además añadió que es con la finalidad de preservar el derecho a la dignidad respeto a la intimidad e integridad de la persona sujeta a evaluación, así como brindar seguridad respecto a su información personal.
El ombudsman hondureño declaró que el pasado miércoles culminaron las audiencias públicas y de esa forma se completó el análisis documental que se hizo sobre los requisitos personales y profesionales de cada uno de los profesionales del derecho que se presentaron como aspirantes a los cargos de Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.
Agregó que de eso ya se dio un resultado y los que han podido superar el mínimo requerido pasaron a ser objeto de análisis en cuanto a las denuncias recibidas y de la información obtenida de las diferentes instancias del poder judicial y de los órganos de seguridad y verificar si eso constituye problemas que afectan la aptitud e idoneidad de las personas para ocupar tan importantes cargos.
Indicó que luego de hacer las evaluaciones correspondientes 18 de los 23 que participaron en las audiencias públicas pasaron a la a la fase de análisis de las denuncias y luego vendrán las pruebas de confianza que están previstas para llevarse a cabo esta semana.
Recordó que de acuerdo a lo establecido en el reglamento y el protocolo publicados por la Junta Proponente no podían pasar a las pruebas de confianza quienes no hubieran podido superar las audiencias públicas.
Para esta semana la Junta Proponente tiene previsto realizar las pruebas de confianza que incluyen entre otras la socioeconómica, la patrimonial, la psicométrica, la toxicológica, y la poligráfica.
Según la Junta Proponente, la aprobación de la totalidad de las pruebas de confianza certificará la confiabilidad del aspirante a candidato para el cargo de Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.
De acuerdo al Protocolo para la Selección y Presentación de la nómina de candidatos a Fiscal General y Adjunto aprobado por la Junta Proponente, la prueba socioeconómica será realizada mediante la investigación y verificación de información personal, como antecedentes académicos, laborales, médicos, criminales, árbol genealógico, entorno familiar y social del aspirante a candidato y otros factores que se consideren necesarios.
La prueba patrimonial consiste en el análisis a efectos de determinar si existen incongruencias injustificables entre los ingresos y el patrimonio del aspirante a candidato.
Por su parte, la psicométrica es el conjunto de pruebas aplicadas para medir y evaluar las características intelectuales, axiológicas, de habilidades y de personalidad del individuo.
La prueba toxicológica tiene como objetivo identificar y determinar el uso de drogas prohibidas como opioides, cocaína, cannabis, anfetaminas u otras sustancias psicoactivas o psicotrópicas no permitidas por la Ley.
La prueba poligráfica se realiza mediante la utilización del instrumento denominado “Polígrafo”, a través del cual se monitorean y registran simultáneamente cambios fisiológicos, como alteraciones de la frecuencia cardiaca, patrón de respiración y respuesta galvánica de la piel, entre otros, con el propósito de evaluar los niveles de confiabilidad y transparencia de los Aspirantes a Candidatos/as.
La aplicación de la prueba será filmada y registrada para los controles de calidad y verificaciones que se requieran posteriormente.
La prueba poligráfica no debe aplicarse a personas que hayan sufrido ataques cardiacos o trombosis en un período menor a seis meses previos a su aplicación. Quienes presenten tales condiciones, deben acreditarlas con la certificación médica correspondiente.
Según el Protocolo, por cada prueba aplicada será emitido un resultado, el que podrá ser calificado como “aprobado o reprobado”, “satisfactorio o no satisfactorio”, según se determine.
La ente colegiado analizará de forma integral los resultados; y una vez cumplido el debido proceso, se determinará la confiabilidad o no del aspirante a candidato.
La Junta Proponente deberá enviar al Congreso Nacional la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, a más tardar treinta días antes del vencimiento del período para el cual fueron electas las personas que actualmente ostentan estos altos cargos
