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Cuando terminó la enorme manifestación que el lunes llevó a decenas de miles de nicaragüenses hacia la sede de la Universidad Politécnica de Nicaragua —bastión de la resistencia estudiantil contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega—, y los manifestantes comenzaron a dispersarse, un grupo de jóvenes se dirigió hasta la céntrica Rotonda La Virgen y prendió fuego a un “árbol de la vida”, una de las grandes esculturas de metal plantadas por las calles del país por la primera dama, Rosario Murillo, y un símbolo del poder presidencial.
La gente gritaba al ver arder el monumento de metal, que una hora después se desplomaba con un hondo ruido sobre el suelo. Gritos de júbilo, abrazos y baile. Los nicaragüenses comprendían que se podía lograr lo que hasta hace poco parecía imposible: retar al poder autoritario del comandante Ortega hasta conseguir que perdiera el control de las calles.
Este despertar popular traducido en inéditas manifestaciones en Nicaragua comenzó hace una semana, cuando el presidente impuso por decreto una reforma del sistema de la Seguridad Social, en coma tras más de una década de pésima gestión. La población comenzó a convocarse en puntos céntricos de Managua, pero el descontento popular se extendió a todo el país. La respuesta del Gobierno fue brutal: una represión que deja al menos 25 muertos.
Desde que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, ha gobernado con mano dura, forjando una alianza con el sector privado, acallando a los críticos y desarrollando una gestión populista hacia los sectores más desfavorecidos.
Una de las primeras medidas de Ortega fue asegurarse la obediencia de la Jefatura del Ejército y de la Policía Nacional, por lo que, a golpe de decretos, redujo el control civil de estas instituciones y estableció una relación directa con los mandos de seguridad.
Ortega reformó el Código Militar eliminando la prohibición de reelección para el jefe del Ejército, rompiendo de esta manera el cambio periódico que se realizaba cada cinco años en la jefatura del Ejército y destruyendo la institucionalidad militar. Lo mismo ocurrió en la Policía, donde con el tiempo nombró a un familiar, Francisco Díaz, como el hombre fuerte de la institución, aunque la jefa fuera la primera comisionada Aminta Granera.
A los empresarios les ofreció estabilidad y facilidades para hacer negocios, a cambio de que no se metieran en sus decisiones políticas. Se creó el Gobierno de consenso, en el que todo lo referente a la economía se decidía a puerta cerrada con las cámaras empresariales. El país registró uno de los mayores índices de crecimiento de Centroamérica, con un promedio anual del 4,5%. Nicaragua no tiene los problemas de violencia de sus vecinos, con una tasa de homicidios incluso menor que la de la pacífica Costa Rica. El país se convirtió en un paraíso para atraer inversores, mientras Ortega acallaba las voces críticas, encerraba a opositores, atacaba con violencia cualquier manifestación en su contra y daba carta abierta al Ejército y la Policía de asesinar a posibles rivales.
Fue lo que pasó a partir de 2011. Ortega impuso una reforma constitucional para eliminar los candados que le prohibían la reelección, se garantizó el control total del Tribunal Electoral e impuso el fraude electoral como política de Estado. Desde 2008 el Frente Sandinista ha ganado las elecciones con altísimos índices de apoyo, en un país donde los votos se cuentan al son del mandatario.
Gran desigualdad
Entonces comenzaron a formarse grupos armados en el interior contra el Gobierno. El Ejército los tildó inmediatamente de delincuentes. La estrategia fue eliminarlos con suma precisión. El capítulo más dramático de esta guerra silenciosa ocurrió el año pasado, cuando los militares atacaron a uno de estos grupos armados. Entre los muertos había una adolescente y un niño. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, ante el estupor de los nicaragüenses. Similares hechos se han repetido sin que haya una investigación oficial o se establezcan responsabilidades.
Mientras tanto el mandatario, con el apoyo petrolero de Venezuela, entregaba ayudas a los más pobres, que veían en él a una suerte de mesías en un país con profunda desigualdad. Ortega controlaba las zonas más pobres con estas dádivas, mantenía contento a los empresarios, y daba palos a la oposición y a una clase media descontenta por el creciente autoritarismo del régimen y ahogada por el aumento del costo de la vida, el desempleo y el temor a expresarse.
La ingente cooperación venezolana –más de 4.000 millones de dólares desembolsados desde 2007- sirvió, además, para controlar medios de comunicación, formar empresas al amparo del Estado, a las que beneficiaba con jugosos contratos, y crear una nueva oligarquía: la burguesía orteguista.
Los empresarios también se beneficiaron de este derroche petrolero, hasta que Venezuela entró en crisis y empezó a menguar el dinero y cayeron las exportaciones nicaragüenses al gobierno chavista. Tras 11 años de despilfarro, el Gobierno tuvo que empezar a tomar decisiones drásticas. Las reformas al Seguro Social despertaron un descontento acumulado desde hacía tiempo y desencadenaron las inéditas protestas que han abierto grietas en un régimen que hasta hace una semana parecía inquebrantable.
