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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, dijo que así como se realiza el proceso de depuración en la policía también se debe certificar a todos los que trabajan en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, para generar mayor confianza de la población en las instituciones.
Consultado en torno a la continuidad o no de los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, el ombudsman hondureño es del criterio que se debe verificar si la tarea está cumplida o si, en realidad, hay procesos que aún faltan por realizar.
Indicó que en la situación de emergencia como la que fue creada la Comisión Especial, es importante que los procesos se completen y no dejarlos inconclusos, en ningún momento.
Mencionó que, en Honduras, hay procesos que fueron iniciados en momentos históricos y que no han sido culminados, situación que afecta la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
“Terminemos todos los procesos, es importante en la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad”, recomendó el titular CONADEH.
El ombudsman hondureño ha recomendado insistentemente incluir a todos los operadores de justicia en el proceso de depuración, para generar mayor confianza de la población en sus instituciones.
“Así como se ha hecho una depuración en la policía, debe hacerse una certificación de todos los que trabajan en el Ministerio Público y una certificación de todos los que trabajan en el Poder Judicial”, declaró.
Herrera Cáceres, destacó la importancia de tener una policía comunitaria, en donde cada miembro del ente policial sea un amigo que contribuya con la comunidad, que promueva y defienda los derechos humanos de los demás y no solamente una persona que va a ejercer coacción en nombre de la ley.
En abril de 2016, el gobierno emitió un decreto que declaró situación de emergencia por razones de seguridad e interés nacional, el proceso de depuración.
Para tal efecto, creo la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional integrada por el representante de la sociedad civil, Omar Rivera, la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales y el pastor evangélico Alberto Solórzano.
El decreto 21-2016 califica de “emergencia” la depuración de la Policía Nacional e instruye, a la Comisión Especial, hacer el adecentamiento del ente encargado de la seguridad en el país.
