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Un juzgado de Honduras dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra tres hombres acusados de planear un supuesto atentado contra el expresidente Manuel Zelaya y de intentar impedir las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que la resolución fue emitida por el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, y recae sobre Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Katan Rivera.
Los tres permanecerán detenidos en la Penitenciaría Nacional de Támara, a unos 20 kilómetros de Tegucigalpa, y deberán comparecer nuevamente ante la justicia el 17 de septiembre para la audiencia preliminar, precisó Castillo.
El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras logró acreditar en la audiencia inicial “el mínimo indicio racional de participación de los acusados en los hechos”, quienes enfrentan cargos por terrorismo y tentativa de asesinato, según la resolución judicial.
El fiscal general, Johel Zelaya, aseguró el pasado jueves que las pruebas sobre el presunto plan para asesinar a Zelaya y desestabilizar el país saboteando las elecciones ya fueron presentadas ante los juzgados de crimen organizado.
Afirmó que se tienen pruebas “técnicas, científicas y documentales” sobre el presunto plan contra el exgobernante, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, e impedir las elecciones y provocar la salida anticipada de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien cesará en el cargo el 27 de enero de 2026.
Además, reprodujo un audio, al parecer de una comunicación telefónica entre dos hombres, quienes con lenguaje soez se refieren al expresidente Zeyala, de quien además dicen que debió ser asesinado tras el golpe de Estado de 2009.
El Poder Judicial indicó en un comunicado que “la relación de hechos refiere que supuestamente los encausados tenían como propósito asesinar a un expresidente hondureño y botar al actual gobierno mediante acciones violentas y la supuesta organización de un paro nacional y el uso de la violencia para generar caos, temor y presión política”.
Señaló además que los acusados también habrían intentado afectar el desarrollo de las elecciones generales, “quebrando el orden constitucional, poniendo en riesgo la paz social y la democracia del país”.
