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Una jueza de Honduras dictó la detención judicial y remitió a prisión a dos hondureños acusados de lavado de activos en un caso de presunta corrupción, que además involucra a diputados del Parlamento y exfuncionarios.
Se trata de los hondureños Claudia Noriega y Luis Fernando Urrutia, quienes comparecieron ante la jueza Lidia Álvarez, que les dictó “detención judicial”, afirmó a periodistas el portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Melvin Duarte.
Noriega es acusada de “lavado de activos”, mientras Urrutia por “lavado de activos en la modalidad de encubrimiento” en un caso de presunta corrupción, conocido como “Pandora”, añadió Duarte.
El portavoz del Poder Judicial dijo que la jueza programó la audiencia inicial para el 6 de agosto.
Noriega era la coordinadora de un proyecto de una tarjeta de descuentos denominada “La Cachureca”, que el gobernante Partido Nacional entregó a sus simpatizantes en las elecciones generales de 2013 y supuestamente fue financiada con parte de los recursos que fueron desviados de la Secretaría de Agricultura y de Finanzas.
La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) denunció en junio el caso de corrupción que ha venido siendo apoyado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Por este caso, el exministro de Agricultura Jacobo Regalado se encuentra en prisión preventiva, ya que la jueza, según la resolución, encontró indicios de que el exfuncionario habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.
La magistrada dictó el pasado sábado sobreseimiento definitivo a dos de los imputados, arresto domiciliario a una mujer por estar en período de lactancia materna y a 26 restantes, entre ellos diputados del Parlamento, medidas cautelares distintas a la prisión.
El expresidente del Parlamento hondureño Rodolfo Irías Navas, del gobernante Partido Nacional, y el excandidato presidencial Elvin Santos, del Partido Liberal, figuran entre los diputados imputados y deberán comparecen, al igual que los otros acusados, a nueva audiencia en fecha aún no fijada.
La jueza ordenó el lunes la detención judicial de Jorge Alberto Izaguirre, otro implicado en este caso que se presentó voluntariamente ante la Justicia para ofrecer su declaración.
Todos son acusados por el desvío de un poco más de 282 millones de lempiras (unos 11,7 millones de dólares) que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013, según la denuncia.
El caso fue investigado por expertos de la Ufecic y de la Maccih, de la Organización de Estados Americanos, tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.
Di Battista denunció una “utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas
