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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, recomendó a los presidentes de los países centroamericanos, adoptar posiciones y estrategias conjuntas para proteger a los inmigrantes de esta región, en Estados Unidos de América.
Dicha petición la hizo el ombudsman hondureño, fundamentado en obligaciones de los Estados de acuerdo al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, en el cual se establece, en el artículo No. 24, que las partes se comprometen a adoptar posiciones y estrategias conjuntas para la defensa legítima de sus respectivos connacionales en el exterior, frente a medidas tendientes a la repatriación o expulsión de sus connacionales emigrantes.
El Defensor del Pueblo recordó que existen también compromisos, de los Estados centroamericanos, aplicables a la atención de las causas de migración forzada y a la obligación de propiciar un cambio progresivo en la calidad de vida de estos pueblos.
Así lo dispone el Protocolo de Tegucigalpa que institucionalizó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), el Tratado de Integración Social Centroamericana y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, indicó.
Se estima que, en al 2015, cerca de cuatro millones de centroamericanos residían fuera de sus respectivos países, lo que estaría representando alrededor del 8 por ciento de la población total de la región. El 82% de los migrantes de Centroamérica estarían radicando en Estados Unidos.
Herrera Cáceres advirtió que las acciones de los gobiernos centroamericanos requieren de mayor celeridad para apoyar oportunamente con acciones concretas a sus connacionales inmigrantes en los Estados Unidos.
Agregó que el propósito es avanzar en la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y cooperación internacional complementaria para contrarrestar los factores que generan desplazamiento forzado y migración irregular, en los países centroamericanos.
Según el Defensor del Pueblo hondureño, en la medida que el fenómeno migratorio tiene cada vez un mayor impacto en la vida de millares de personas, se evidencia igualmente una mayor necesidad de que las diferentes instancias que velan y fomentan el pleno respeto de los derechos humanos centralicen su atención en la población migrante y sus familiares.
En ese sentido, puntualizó la urgencia de implementar el plan de acción reflejado en la Agenda 2030, de las Naciones Unidas, para el Desarrollo Sostenible.
“Reconocemos y respetamos la facultad soberana que poseen los Estados en la formulación de políticas que tienen como fin controlar el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de sus países”, comentó.
Recordó que los procedimientos del control de fronteras deben ser conforme al derecho internacional general, al Derecho Internacional de los Derechos Humanos incluido el Derecho Internacional de los Refugiados.
Sin embargo, considera que la migración no debe ser criminalizada por los Estados de tránsito y de destino, pues con ello violentan los derechos humanos de esta población, cuyos integrantes tienen el derecho al reconocimiento y respeto de su personalidad jurídica.
En su criterio, el fenómeno del desplazamiento forzado y la migración irregular, en Centroamérica, representa un gran desafío para los Estados, en cuanto a su responsabilidad de lograr una adecuada protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes desplazados o migrantes.
La migración de personas en Centroamérica se ha convertido, en lo últimos años, en un asunto de primer orden dentro de las agendas de los Estados, de la sociedad y de los organismos internacionales.
“Necesitamos unir nuestros esfuerzos con una estrategia que potencie voluntades, capacidades y recursos para la defensa de derechos y protección de personas migrantes centroamericanas en los Estados Unidos de América”, subrayó.
El Ombudsman hondureño anunció que el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos se reunirá, en el próximo mes de marzo, en Panamá, para abordar la problemática de las personas migrantes, así como lo relativo a las personas desplazadas en Centroamérica.
