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La presidenta Xiomara Castro lideró la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en la cual aprobó la II etapa del Plan Nacional de Seguridad denominada “Solución Contra el Crimen” para los próximos seis meses.
La estrategia consta de nueve medidas que se detallan a continuación:
1. Información y Documentación del CNDS. Todas las informaciones y documentos que se generen como resultado del cumplimiento de las funciones y actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad serán manejados por la Dirección Nacional de Investigación e inteligencia, de conformidad con las reservas de la normativa vigente
2. La Presidenta de la República prorrogará la vigencia del Decreto de Emergencia en Materia de Seguridad, PCM 10-2023 e inmediatamente se procederá a realizar la asignación de responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad Pública como titular facultada en materia de Seguridad Pública; y a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa como colaborador efectivo en esta materia, de conformidad con la Constitución y la siguiente distribución geográfica:
La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad es responsable de coordinar y ejercer sus facultades en todo el país y responderá por sus resultados en este plan, directamente en los Departamentos de Francisco Morazán y Cortés. Los que estarán bajo su gestión operativa, para combatir y poner fin a la criminalidad, debiendo responder por sus acciones e informar periódicamente a este consejo.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas de Honduras y sus diferentes fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea, y Naval, colaborará de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de Seguridad como lo ha venido realizando permanentemente, pero ahora de manera especial en el desarrollo de este plan, en los Departamentos de: Colon, Olancho, El Paraíso, y Gracias a Dios, informando sistemáticamente a este consejo sobre los resultados concretos de su accionar.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa, y las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar y del Orden Público, colaborará de manera efectiva, ejecutando acciones y actividades en materia de Seguridad como lo ha venido realizando, pero ahora de manera especial para el desarrollo de este plan en los Departamentos de: Atlántida, Yoro, Copan, brindando los informes correspondientes sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos a este consejo.
3. Se instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras para colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario, en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia, para el cumplimiento de este plan sometiéndose a los estándares internacionales de seguridad penitenciaria y los Convenios y Tratados Internacionales que regulan los derechos de los detenidos.
4. El Poder Judicial, presidido por la abogada señora Presidenta, Rebeca Raquel, procederá a asignar Jueces con Jurisdicción Nacional para acompañar de manera eficiente y oportuna, las acciones ejecutadas por las fuerzas de Seguridad con base en este Plan Nacional de Solución Contra el Crimen.
5. El Ministerio Público, dirigido por señor Fiscal General del Estado, Abogado Oscar Fernando Chinchilla, asignará Fiscales especiales para acompañar de manera eficiente y oportuna, las acciones de las Instituciones de Seguridad del Estado en la ejecución de este Plan Nacional de Solución Contra el Crimen.
6. La Presidenta de la República, emitirá Decreto de Emergencia para los equipos técnicos y operativos igual para la construcción, reforma y/o equipamiento de instalaciones y Centros Penales de Seguridad, en cualquier sitio del territorio Nacional, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales de trasparencia y seguridad penitenciaria y detención de las personas.
7. Reactivación del 911. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con la colaboración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL), deben prohibir la compra y venta de tarjetas SIM CARD (Chip) para teléfonos celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores, responsabilizando y sancionando en caso de incumplimiento a las Compañías telefónicas autorizadas y sus sucursales para operar en el país.
8. Instruir a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, para que elabore un Programa de Análisis Criminal con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad, mediante el cual se compile y sistematice, de manera ordenada y científica, toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales, sentencias, para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.
9. Se establece un protocolo policial para el problema nacional de las tomas en vías públicas internacionales y nacionales, de libre tránsito, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, anunciando de acuerdo con la ley los procedimientos para solicitar el cese de las tomas y acciones ilegales, poner a la orden del Ministerio Público los responsables y garantizar el libre tránsito y Seguridad de la ciudadanía.
