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La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) expresó su “profunda preocupación” por las reformas aprobadas por el Parlamento orientadas a reactivar el Fondo de Desarrollo Departamental que permite a los diputados “la administración” de fondos públicos.
“Estas iniciativas posiblemente colisionan con el artículo 245 de la Constitución hondureña que señala taxativamente que la administración del Estado y la Hacienda Pública están bajo el control del Poder Ejecutivo”, indicó la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
La MACCIH advirtió de “los riesgos (de) la reactivación del Fondo de Desarrollo Departamental”, ya que considera que “son fondos que históricamente han sido utilizados de forma discrecional y poco transparente por algunos agentes públicos, como ya quedó demostrado en las líneas investigativas” presentadas por un equipo integrado por el Ministerio Público de Honduras y la Misión.
“La Misión hace un llamado al pueblo hondureño a estar vigilantes de estas acciones que pueden perjudicar el interés público y abrir la puerta a la malversación de fondos públicos, así como causar violación a los principios que sustentan el Estado de Derecho”, añadió.
La MACCIH indicó que considera necesario “hacer una reforma legal que garantice la creación de un sistema de rendición de cuentas capaz de prevenir actos de corrupción haciendo un control de los gastos en tiempo real o de manera simultánea a su realización, o en todo caso, que haga un control previo de la ejecución de estos recursos”.
Asimismo, cree que solo de esa forma se puede tener “un sistema que evite actos de malversación de recursos públicos”, según el comunicado.
La MACCIH manifestó lo anterior en cumplimiento al convenio de creación de la Misión que le “otorga el deber de fortalecer el marco jurídico e institucional hondureño de la prevención y combate a la corrupción”.
La preocupación de la Misión “se origina en virtud del decreto 81-2018 aprobado el 1 de agosto de 2018 que reforma por adición del artículo 81-A de Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 230 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2018”, señaló.
La reforma va encaminada a “resaltar la necesidad y el deber del Poder Legislativo de aprobar una Ley Especial del Fondo de Desarrollo Departamental, donde se establecerá el procedimiento y liquidación del Fondo”.
La MACCIH indicó que una de las variables de la reforma está orientada “a establecer un mecanismo de auditoría anual que será realizado por el Tribunal Superior de Cuentas y no sólo las comprendidas en los períodos de Gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, como lo establecía la reforma de enero de 2018”.
Sumado a ello, el Congreso Nacional ha aprobado la reforma por “adición del artículo 81-A la Ley orgánica del Poder Legislativo, la cual está orientada a crear una Ley que regule el (Fondo Departamental), que podrá ser aprobada por mayoría simple de los diputados y tendrá una asignación anual de 400 millones de lempiras (16,3 millones de dólares)”.
La MACCIH indicó que el artículo 205 constitucional referente a las atribuciones del Congreso Nacional “no contempla en ninguno de sus apartados la facultad para que los legisladores puedan administrar y ejecutar fondos provenientes del erario público”.
Por el contrario, el Poder Ejecutivo “si cuenta con esta potestad derivada de la Constitución de ser el administrador del Estado, así como también lo señala el artículo 16 de la Ley General de Presupuesto”, agregó.
La decisión de reactivar parcialmente el Fondo Departamental mediante la reforma de la Ley orgánica del Congreso Nacional y la Disposiciones Generales de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 “podría así tener vicio de inconstitucionalidad”, acotó el comunicado.
