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La escasez de equipo e insumos para tratar la COVID-19 disparó sin control los precios de estos en un 500%, señala la veeduría social “Impacto económico de la ausencia de infraestructura e insumos hospitalarios”, presentada hoy en Tegucigalpa.
La investigación fue elaborada por cuatro redes de jóvenes contra la corrupción del centro, sur, occidente y centro-occidente del país. Ellos documentaron cómo las sobrevaloraciones y compras irregulares para atender la emergencia han impactado directamente sobre los derechos humanos, específicamente, sobre el derecho a la salud y el derecho a la vida.
El estudio precisa que el déficit en el acceso a los insumos para el tratamiento de la COVID-19 (por insuficientes, mala calidad, o porque no estaban disponibles) contrasta con la elevada cantidad de recursos públicos destinados para atender la pandemia. Estos recursos se perdieron por la corrupción, la cual profundizó la baja calidad de la atención hospitalaria y el riesgo de muerte de pacientes no solo por la COVID-19.
Asimismo, hicieron una revisión de las investigaciones que sobre ese tema han realizado el Consejo Nacional Anticorrupción, el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
Previo a participar en la investigación, cada una de las redes juveniles contra la corrupción participó en el diplomado “Fortaleciendo la Participación Ciudadana y la Auditoria Social, con un Enfoque en Educación Popular”. Con este diplomado las redes fortalecieron sus capacidades en auditoria social como ejercicio de derecho y control social de la corrupción.
Este proceso ciudadano se desarrolló con apoyo del proyecto HondurACTion, ejecutado por las organizaciones Christian Aid (CA), el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y el Centro de Desarrollo Humano (CDH), con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Mediante el proyecto HondurACTion, las instituciones ejecutoras y la Unión Europea, promueven actividades que incrementen la cantidad y calidad de la participación de niños/as y jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios y medios de comunicación en acciones de auditoría social y lucha anticorrupción.
El evento contó con la participación de: (*enumerar conforme agenda); y 48 veedores sociales voluntarios de las redes de jóvenes contra la corrupción.
Principales hallazgos
De acuerdo con los hallazgos de la investigación cualitativa, en Honduras la estrategia de prevención y tratamiento de la COVID-19 ha sido errática, coyuntural y deficiente, lo que ha generado incapacidad en la respuesta.
El gasto de bolsillo de los pacientes en hospitales públicos y privados, implica una violación al derecho a la salud, así como a otros derechos humanos conexos, como el derecho a la alimentación o a la vivienda, en casos en que el gasto haya destruido la economía familiar.
Una de las causas por la que muchos pacientes decidieron no buscar atención médica en centros de salud públicos, o tratarse de manera doméstica, fue la atención deficitaria, la ausencia de insumos, el hacinamiento, la percepción de ineficacia en los tratamientos y la falta de cupos en el sistema sanitario público.
La mitad de las personas entrevistadas, manifestaron que no acudieron al sistema de salud pública porque la falta de personal, insumos de bioseguridad y herramientas hospitalarias, crearon desconfianza, percibiendo que el sistema público no estaba listo para atender la emergencia.
La auditoría social, realizada a partir de testimonios de personas que tuvieron que enfrentar personalmente esta enfermedad o la muerte de un pariente a raíz de las carencias de insumos en los centros públicos, evidencia que la gratuidad de la atención de los servicios de salud es un fraude.
Al igual que en el resto del país, en los hospitales públicos de la región centro, los gastos que los pacientes asumen por los costos mínimos de atención, son por lo menos de seis mil lempiras. Hay muchos que han asumido deudas por más de un millón de lempiras, según la gravedad del caso y la prolongación del tratamiento, sin incluir los gastos por movilización y estadía en el caso de las personas que viven en áreas rurales.
