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La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEF-SJ), en juicio oral y público, obtuvo un fallo condenatorio en contra del exfiscal (2002-2007) Juan Francisco Gonzáles Euceda, encontrado culpable por el delito de enriquecimiento ilícito.
El fallo fue dictado por la Sala III del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, por unanimidad de votos y en el mismo acto fijaron la audiencia de lectura de sentencia para el miércoles 10 de noviembre a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo a la investigación, el exfuncionario, luego de presentar una declaración jurada ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se le detectó un incremento millonario en su patrimonio y que según los análisis su capital no era compatible con los ingresos percibidos como fiscal.
Cabe destacar, que mediante la Operación Perla, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), le aseguraron cinco viviendas, dos terrenos, siete vehículos, cuatro sociedades mercantiles y 28 cuentas bancarias en San Pedro Sula, Cortés y El Progreso, Yoro. Bienes traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Tales bienes están a nombre de Juan Francisco González Euceda y familiares del exfiscal, entre ellos: Iris Jeannete Rodríguez García, Juan Carlos Gonzáles Hernández, Elizabeth Noemí Euceda Marcía y Elías Gerardo Gonzáles Euceda.
Entre las sociedades mercantiles aseguradas está la Empresa de Transporte Gónzales Hernández, INMUSA S. de R.L. de C.V., Ingeniería en Construcción y la empresa Diseño y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (COMIDEL).
De acuerdo a la investigación, este caso comienza a raíz de una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito presentada en el año 2007 ante la entonces Fiscalía Contra la Corrupción, cuando Gonzáles Euceda fungía como fiscal en El Progreso.
Posteriormente, el expediente es remitido en el año 2011 a la FESCCO para que se iniciara investigación por el delito de lavado de activos, por lo que en el año 2016 se aplicó a dichos bienes la medida de aseguramiento en base a lo establecido en la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
