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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) y otras cuatro Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de América, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para interrumpir la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias.
Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, expresó que la petición está encaminada a que se adopten todas las medidas necesarias para proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales.
El Defensor del Pueblo de Honduras se unió a la iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, para solicitar, a la CIDH, el otorgamiento de medidas cautelares a fin de prevenir que niñas, niños y adolescentes migrantes sean separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos de América, y de proteger sus derechos a la familia, la integridad personal, la salud y la libertad personal.
La solicitud a la CIDH fue hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.
Dichas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos ponen de relieve el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos, que ha dejado de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y ha decidido utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar a ese país.
Situación que se ha evidenciado, en los últimos meses, luego las autoridades han reiteradamente aplicado la cuestionada práctica de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, para ponerlos bajo custodia del Estado, mientras se siguen procesos penales en contra de los adultos.
El ombudsman hondureño indicó que se coloca a la niñez en una situación de vulnerabilidad agravada, que permite la posibilidad de que sean víctimas de violencia, trata de personas y explotación, además de los daños psicológicos y emocionales que una separación de esta naturaleza les provoca.
Agregó que dicha práctica vulnera el derecho a la unidad familiar de las personas migrantes, afectando de manera irreparable los lazos familiares de las niñas, niños y adolescentes migrantes.
Entre otras graves consecuencias que pueden ocurrir, mencionó el caso de Marco Antonio Muñoz, que viajó desde Honduras hasta los Estados Unidos buscando solicitar asilo en compañía de su familia, y quien hace unos días se suicidó en una cárcel del Estado de Texas luego de haber sido detenido y separado de su esposa y su hijo de tres años.
Reiteró que la solicitud de medidas cautelares fue presentada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se interrumpa la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias.
El documento presentado ante la CIDH establece que resulta peligroso que esta medida esté siendo tomada como un mecanismo para disuadir a las personas de migrar, enfrentándoles al peligro de ser separados de sus hijos si lo intentan.
“Dicha postura por parte del gobierno estadounidense es inhumana y representa un total desprecio por los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tiene para con ellos”, señala.
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar.
Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos, como ocurre en el presente caso.
En ese sentido, según Herrera Cáceres, es urgente que se ordenen las medidas cautelares para que el gobierno de los Estados Unidos detenga la práctica de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias.
De acuerdo a la solicitud, Estados Unidos se encuentra obligado por el Artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece el derecho de protección a la infancia, y a hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez.
“La separación de los hijos de sus padres es contraria al interés superior por los daños emocionales que esto les ocasiona a las niñas, niños y adolescentes”, señaló
Advirtió que la separación de la niñez migrante de sus familias traerá múltiples afectaciones a su integridad ya que puede ocasionarles estrés, miedo, sufrimiento y las demás afectaciones psicológicas que derivan de ser alejados de sus familias y llevados bajo custodia de autoridades en un país que no conocen.
Asimismo, su integridad física se encuentra también en peligro, pudiendo inclusive ser víctimas de desaparición.
Las cinco Instituciones Nacionales de Derechos Humanos consideran que la nueva estrategia de “tolerancia cero” implementada por el gobierno de los Estados Unidos y señalada por las autoridades de dicho país como de inminente aplicación, permite comprender que las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen a ese país con sus familiares serán separados de ellos y llevados bajo custodia estatal.
Por lo tanto, los beneficiarios de las medidas cautelares solicitadas son las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen con sus familias a la frontera sur de los Estados Unidos de América y que sean separados de sus familiares por autoridades de dicho país.
Finalmente las 5 Instituciones Nacionales de Derechos Humanos solicitan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le requiera a los Estados Unidos de América por dos aspectos.
Por una parte que interrumpa la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias, y por otra que adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez.
