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En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de personas, las organizaciones Casa Alianza Honduras (CAH) y Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), hicieron un llamado al Estado, para que redoble sus esfuerzos en el cumplimiento de su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas, durante y después de la pandemia del COVID-19.
Asimismo, que tome las medidas integrando un enfoque diferencial, prestando especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
Las organizaciones señalaron que en fecha 16 de marzo del 2020, mediante consejo de Ministros, el gobierno acordó la suspensión de derechos fundamentales a través del decreto ejecutivo PCM 021-2020, con la finalidad de evitar la propagación y contagio del COVID-19.
‘A partir de este decreto se fueron prorrogando las medidas de restricción de algunas garantías constitucionales, hasta llegar a la apertura inteligente de actividades esenciales, decreto PCM 045-2020, se autoriza la apertura inteligente de actividades esenciales de la sociedad hondureña’, detalla un comunicado en conjunto de las instituciones.
Los defensores explicaron que como consecuencia de la restricción de derechos fundamentales a causa de la pandemia del
COVID-19, se suspendieron labores tanto en instituciones del sector público como privado, priorizando las acciones de contención de la pandemia, algunas instituciones estatales laborando con personal de turno y capacidades limitadas debido a la situación de las medidas de restricción y la exposición del personal al contagio.
‘En relación al combate del delito de trata de personas, las medidas adoptadas para contener la pandemia, han dificultado la identificación de nuevas víctimas por parte de los entes encargados, así como la investigación y seguimiento de los casos por parte de las autoridades’, afirma el documento.
Asimismo, que de acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
denominado “Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Trata de Personas, el COVID-19 ha causado un impacto en la capacidad de autoridades estatales y organizaciones (ONG) en la provisión de servicios esenciales a las víctimas.
‘La pandemia ha agravado y puesto en primer plano las desigualdades económicas y sociales sistémicas que se encuentran entre las causas subyacentes de la trata de personas’, finaliza el llamamiento.
