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TEGUCIGALPA.Ante los 65 los casos confirmados de COVID-19 en la Penitenciaría Nacional de la aldea de Támara, familiares de privados de libertad y organismos de derechos humanos expresaron este viernes su preocupación por lo que está aconteciendo en ese centro penal ya que temen a que se incrementen más los casos.
En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, quien apuntó que recibieron el informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) donde se establece que la Penitenciaría Nacional de Támara ocupa el primer lugar en el sistema carcelario con 65 casos confirmados de COVID-19, por lo que considera que la situación ya se les escapó de las manos a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
En ese sentido, Ordoñez informó que sostuvo una reunión con el director del centro penal con quien analizó las medidas de bioseguridad que se han aplicado y lo que se ha hecho hasta donde ha podido.
“Creo que esto se ha salido de las manos, necesitamos una intervención inmediata de la Secretaría de Salud, de la Región Metropolitana y del Sinager porque no sólo son esos 65 casos, sino que hay un brote que no sabemos de qué es, si es de dengue o de gripe porque en las cercanías del centro penal, me comentaba el director, hay nubes de zancudos que no han pedido controlar”, señaló la entrevistada.
Asimismo, confirmó hay un aproximado de 800 privados de libertad los que están presentando sintomatologías de fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo fuerte y no se sabe qué es lo que está pasando por lo que es urgente una intervención en ese centro penal y se le practiquen las pruebas PCR a los internos de todos los módulos de esa cárcel ya que es posible que muchos más reclusos estén infectados.
Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó su temor por un contagio masivo no sólo en la Penitenciaría Nacional de varones sino también en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), localizado allí mismo en la aldea de Támara.
Indicó que un padre que tiene a sus dos hijos presos en la cárcel de Támara le confió que sus vástagos presentan toda la sintomatología del coronavirus y nadie los atiende por lo que cree que se van a morir y están en un área donde se están otros privados de libertad en diagnóstico.
“Entonces elevamos las alarmas, no para preocupar, sino que para que corrijan los errores, el ministro Lisandro Rosales puede intervenir Támara al igual que el Cefas donde es más que necesario porque nos están mandando un SOS, un apoyo, porque la situación es preocupante”, recalcó.
Maldonado no cree que solamente sean los 65 casos confirmados por el Sinager, ya que ese organismo no ha practicado las pruebas a nivel de toda la población penitenciaria tanto en la cárcel de mujeres como en la de varones.
Hizo un llamado al presidente Juan Orlando Hernández para que sancione el decreto que contiene la reforma al artículo 184 del Código Penal a fin de permitir que unos dos mil 500 privados de libertad con enfermedades terminales y por la avanzada edad puedan ser indultados.
