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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señaló que el sector de personas con discapacidad no es tomado en cuenta en el sistema de salud pública de Honduras, ya que no existe una entidad interna de la Secretaría de Salud referente para el tema.
El ente estatal indicó que, en el área de estadísticas de la Secretaría de Salud, el sector de personas con discapacidad no está incluido y que tampoco existen protocolos de atención específicos a nivel de servicios de atención en ninguno de los niveles de salud.
Otra de las preocupaciones del CONADEH, mencionadas en el informe, es la escasa preparación del personal sanitario en su trato-abordaje hacia este sector y que aún persista la inaccesibilidad en la mayoría de las instalaciones de los servicios de salud e inadecuado abastecimiento de medicamentos específicos para su atención.
Se estima que el 72%, de los centros salud público, en el país, no son accesibles, por su infraestructura, para las personas con discapacidad y adultos mayores.
El 72% los 1,743 hospitales públicos y centros de salud que conforman la Red de Servicios de Salud del país no cuentan con rampas especiales y espacio suficiente para la accesibilidad de personas con discapacidad, adultos mayores u otras que requieran espacios amplios para su movilización en los establecimientos.
Otro de los señalamientos del CONADEH es la falta de planes o programas específicos para la prevención de la discapacidad.
Aunque no existen datos concretos, se estima que, en Honduras, el 15% de los más de 9 millones de habitantes tendrían algún grado de discapacidad.
Algunos sectores han advertido que, si no se hace nada en materia de prevención de la discapacidad, en los próximos 30 años, Honduras duplicaría esa cantidad.
Honduras es considerada uno de los países con mayor riesgo de incremento de deficiencias en los bebés por nacer, debido a factores como la violencia, desnutrición crónica, Zika, microcefalia y embarazos en la adolescencia.
Este país centroamericano ocupa el segundo lugar de Latinoamérica en embarazo en adolescentes, cuya atención, hasta ahora, se ha enfocado en la madre y en la prevención de un nuevo embarazo y no en la probable condición de deficiencia que puede tener el niño.
Las mujeres embarazadas, en un alto porcentaje, no cuentan con la atención y acceso a un seguimiento de su estado, que se focaliza especialmente en el sector poblacional de escasos recursos y que viven en zonas rurales.
En el tema de medicina en rehabilitación, a nivel nacional, únicamente existen dos hospitales públicos que poseen estos servicios, el Hospital General San Felipe en Tegucigalpa y el Hospital de Tela Integrado en Atlántida.
Falta estrategia en relación a la salud mental
De acuerdo al CONADEH, en relación a la salud mental, la Secretaria de Salud no cuenta con una estrategia nacional, lo que existe es un Plan Nacional de Salud que contiene un breve apartado sobre el tema.
Al parecer, en la actualidad se trabaja en un Plan Nacional de Salud Mental que se contempla como parte del Programa de Atención Primaria en Salud.
A pesar de que la salud mental es cada día más un problema que afecta un gran porcentaje de la población, la respuesta del Estado se limita a dos hospitales psiquiátricos en la ciudad de Tegucigalpa, un hospital psiquiátrico de día en la ciudad de San Pedro Sula y diversas áreas o departamento de psiquiatría en hospitales públicos.
En cuanto a la población con problemas de salud mental que se encuentran privados de libertad, desde hace varios años, se ha contemplado la posible construcción de un Hospital Psiquiátrico Judiciario.
En la actualidad, las consultas psiquiátricas de esta población son atendidas como consulta externa en los dos hospitales psiquiátricos de la capital e internados cuando su estado lo amerita o cuando los jueces los remiten.
Estos son atendidos por las clínicas de los centros penales donde no hay psiquiatras y, hasta mediados de año, eran atendidos por el único psiquiatra del Instituto Nacional Penitenciario, asignado al Centro Penal de Comayagua.
Según el informe, Honduras es signataria y ha ratificado los distintos tratados e instrumentos internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad, y posee una ley y política pública específicas para dicha población.
Sin embargo, se evidencia la continua vulneración y exclusión de dicha población, debido a diversos factores como la falta de voluntad política y compromiso por parte de Estado en aplicar efectivamente tales normativas e instrumentos
