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En el marco de la Semana de la Inclusión, la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), urgió al Estado hondureño a que cumpla con su obligación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad que, según los expertos, es de los sectores que corren mayor riesgo de contraer la enfermedad del COVID-19 y presentar casos más graves.
La presidenta de la CIARH, Blanca Barahona, expresó que el Estado de Honduras debe tomar medidas adicionales de protección social, en especial, de sectores vulnerables, como el de las personas con discapacidad y su familia.
Además, debe garantizar la continuidad de los apoyos de una manera segura a lo largo de la crisis, como la entrega de alimentos e insumos adicionales que incluyan material de aseo y medicamentos especializados.
“Urgimos e instamos al Gobierno de Honduras a tomar las medidas necesarias enmarcadas en los tratados, leyes y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para evitar contagios en este sector vulnerable de la población, dijo Barahona.
Añadió que se debe evitar el hambre y la muerte de personas con discapacidad debido no solo al COVID-19 sino a la crisis que se ha generado en el país a causa de ello.
Se debe tener especial cuidado hacia las personas con discapacidad
En un mensaje difundido por la representante en Honduras de la OPS/ OMS, Piedad Huerta, en el marco de la Semana de la Inclusión, hizo énfasis especial en que las personas con alguna discapacidad corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad y presentar casos más graves.
“Nosotros, la OPS/OMS, queremos hacer un llamado para que se mantenga un especial cuidado de este grupo de personas y que prevalezcan y garanticen sus derechos humanos en todo momento”, indicó
La OPS/ OMS elaboró el documento “consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote del COVID-19” que incluye una serie de recomendaciones para las personas con discapacidad y su familia, los gobiernos y la comunidad en general.
El ente mundial recomendó que las personas con discapacidad y los integrantes de su hogar deben evitar su posible exposición al COVID-19 poniendo en práctica todas las medidas de prevención disponibles.
Huerta indicó que los gobiernos, en todos los niveles, deberían garantizar el acceso a todos los servicios de salud, al agua, al saneamiento, así como a la información de salud pública necesaria, especialmente, sobre las medidas de prevención del COVID-19.
También asegurar, que las instalaciones de salud sean accesibles y que el personal esté capacitado para atenderles de acuerdo con sus necesidades y sin discriminación.
Un estudio reciente indica que el 72% los 1,743 hospitales y centros de salud pública, en el país, no cuentan con rampas especiales y espacio suficiente para la accesibilidad de personas con discapacidad, adultos mayores u otras que requieran espacios amplios para su movilización en los establecimientos.
Se estima que, de cada dos adultos, mayores de 60 años, que hay en el país, al menos, uno tiene alguna discapacidad, en muchos casos adquirida principalmente por enfermedades como la diabetes, derrames cerebrales, enfermedades pulmonares e incluso por caídas.
En 1984, se instituyó, el último viernes de abril, “Día de la Solidaridad con las Personas con Discapacidad” que se celebra ahora como la Semana de la Inclusión, con el propósito de visibilizar al sector social con discapacidad, hacer que prevalezcan y se garanticen sus derechos humanos y que haya respuestas contundentes del Estado para este sector de la población estimado en 1.2 millones de hondureños.
