El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), recomendó que las libertades de opinión y expresión deben mantenerse protegidas y servir como garantías de control democrático, al tiempo que, advirtió de los efectos intimidatorios que traen consigo las sanciones penales que pudieran vulnerar estos derechos.
Además, condenó las constantes acciones de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, ya sea provenientes de agentes del Estado como de particulares, porque atentan contra el derecho al trabajo, a la libre expresión y emisión del pensamiento y ponen en riesgo la integridad física y la vida de quienes se dedican al ejercicio de esta labor, que se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Las frecuentes amenazas y las agresiones contra periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos y fotógrafos, representan un flagrante irrespeto a las libertades de información y de expresión, indicó el titular del ente estatal, Roberto Herrera Cáceres.
Indicó que el CONADEH ya se ha pronunciado anteriormente sobre disposiciones en materia de acciones y sanciones penales que pudieran vulnerar los derechos a la libertad de opinión y expresión o tener efectos intimidatorios sobre el libre y responsable ejercicio de esas libertades que son cimientos indispensables de sociedades y Estados democráticos.
“Hemos afirmado y reiteramos que la acción y sanción penal son inadecuadas y discordantes con el deber del Estado de proteger y respetar esos derechos humanos”, precisó.
Agregó que el ejercicio abusivo de esos derechos debe ser regulado, proporcionada e idóneamente, por medio de acciones y sanciones en el ordenamiento civil del Estado, en los casos en que la persona agraviada sea un servidor público o particular involucrado voluntariamente en asuntos públicos.
Libertades de expresión, opinión y de prensa deben mantenerse protegidos
En el marco de la celebración del Día del Periodistas en Honduras, el Defensor del Pueblo sostuvo que las libertades de opinión y expresión deben mantenerse protegidas y servir como garantías de control democrático.
15 días antes de la celebración del Día del Periodista en Honduras, se publicó en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34.940, el nuevo Código Penal que consta de 635 artículos incluyendo reformas al Código Procesal Penal, que entrará en vigencia el 11 de noviembre del presente año 2019.
Diversos sectores han expresado inquietudes, incertidumbres y opiniones sobre aspectos que inciden directamente en los derechos humanos de las personas y el estado democrático de derecho.
El Ombudsman hondureño indicó que el Código Penal es un instrumento de derecho sustantivo que, junto con el Código Procesal Penal, debe responder a la realidad nacional en la perspectiva histórica, política, social y cultural de Honduras.
“El Código Penal debe fundamentarse inequívocamente en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son los determinantes de la constitucionalidad y convencionalidad de dichos códigos”.
Herrera Cáceres valoró el compromiso del Congreso Nacional, por medio de su presidente, de atender la participación de la ciudadanía y el debate democrático, escuchando a todas las partes interesadas en estos asuntos públicos, para hacer las modificaciones o adecuaciones correspondientes, en sus tiempos oportunos.
En el 2019, periodistas objeto de amenazas, agresiones, querellas, exilio y muerte
El titular del CONADEH calificó de “peligrosa” la escalada que hay, en este momento, contra miembros del gremio de periodistas.
Consideramos que es muy peligroso, en una sociedad que busca democratizarse, ya que un principio fundamental de la democracia es que la libertad de expresión e información sea efectiva para que la población pueda tener y tomar sus propias opciones y opiniones en función de la diversidad de opiniones y de la diversidad de información que pueda recopilar.
En lo que va del 2019, el ejercicio periodístico, en Honduras, quedó marcado por una serie de hechos que van desde querellas en los tribunales, detenciones, destrucción de equipo de trabajo, la condena y privación de su libertad de un periodista por delitos contra el honor y la muerte en circunstancias violentas e impunes de un comunicador social en el municipio de Nacaome, departamento de Valle.
Durante este periodo, se tomó nota de periodistas y comunicadores sociales que anunciaron su decisión de salir del país para salvaguardar sus vidas, mientras que otros fueron objeto de amenazas y agresiones, por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Bajo este panorama, en Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, ya que se pone en peligro la vida de periodistas, principalmente cuando se da cobertura a marchas de protesta social.
Los actos de violencia que se cometen contra personas ligadas a medios de comunicación violan el derecho a expresar e impartir ideas, opiniones e información y, además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y la sociedad, en general, a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Bajo este marco de violencia que se vive en el país, preocupa al CONADEH, que las acciones en contra de los comunicadores y los medios de comunicación permanecen en la impunidad, entre otros factores, por la falta de investigación, situación que fomenta la reiteración de actos violentos similares y genera un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión.
La muerte violenta de personas ligadas a medios de comunicación entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, se constituye en la forma de censura más extrema, según el ombudsman hondureño.
En lo que va del 2019, se registró la muerte en circunstancias violentas e impunes del comunicador social, Leonardo Gabriel Hernández (54), a manos de desconocidos, cuando se dirigía a su vivienda en el barrio La Ceiba, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle.
Con la muerte de Hernandez, suman 77 las personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios, que pierden la vida violentamente entre el 2001 y mayo del 2019, de los cuales el 92% continúan en la impunidad por falta de una investigación efectiva.
Del 2014 a la fecha han muerto violentamente 34 personas vinculadas a los medios de comunicación, de los cuales, únicamente en dos casos se condenó a los culpables, es decir, que el 94% se mantienen impunes.
El CONADEH considera que la impunidad es una de las causas para que se siga asesinado a periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a los medios de comunicación.
Hasta ahora, 15 de los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes violentas de personas ligadas a los medios de comunicación. Se exceptúan Ocotepeque, Gracias a Dios y La Paz.
De esta radiografía de la inseguridad para periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a medios de comunicación, en Honduras, los departamentos de Francisco Morazán (19), Cortes (17) y Yoro (8) reportan el 57% de las muertes.