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El papá de dos niños que murieron envenenados con pastillas para curar frijoles en Jesús de Otoro, Intibucá, pidió a autoridades de investigación que investiguen bien este caso porque no cree que la madre condenada a 30 años de cárcel por la muerte de los pequeños, sea la responsable.
La señora Thelma Domínguez Morales, según informe del Ministerio Público (MP) se declaró culpable de darle muerte a sus dos hijos de nueve y 10 años de edad en aldea Los Alpes de Jesús de Otoro.
“No creo que ella haya matado a mis hijos, lo siento en mi corazón y tengo fe que saldrá libre” dijo Santos Ventura Muñoz, quien el día de la muerte de sus hijos se encontraba radicado de manera ilegal en México.
El migrante también negó versiones que surgieron en el vecindario de Intibucá, sobre que la señora mató a los pequeñines en un arranque de enojo, después de pelear con su marido.
“Ese dia 25 de febrero hablé con ella en ningún momento discutimos yo estaba en Moterrey, México, quiero saber de donde salió esa versión de que nosootros peleamos”, agregó Muñoz al referir que determinó irse de “mojado” hacia Estados Unidos por la crisis que impera en Honduras.
“Amaba a mis hijos y también amo a mi esposa, si me vine es para encontrar oportunidades para darles una vida mejor a mi familia”. agregó.
La mujer fue acusada por la Fiscalía Local de La Esperanza luego que uno de los niños antes de morir manifestara que su madre les había dado un churro y una pastilla, por lo que se le practicó la autopsia a los cadáveres de los menores de edad, confirmando que la muerte fue por intoxicación con órgano fosforado o pastillas para curar frijoles.
Los niños respondían a los nombres de Edil Okely (9) y Estibin Muñoz Domínguez (10), fallecidos el 26 de febrero en el hospital Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza, Intibucá, donde pese al trabajo de los médicos fue imposible salvarles la vida.
La Fiscalía de La Esperanza recabó suficientes medios de prueba técnicos-científicos para acusar a la señora Thelma Domínguez Morales del delito de parricidio, por lo que a través de la defesa solicitaron la aplicación de un procedimiento abreviado, aceptando los hechos señalados por el ente acusador.
En consecuencia, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial la sentenció a 30 años de prisión, pena que deberá cumplir en el centro penal de Marcala, en el departamento de la Paz
