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Un iracundo Daniel Ortega ha informado, frente a decenas de miles de sus simpatizantes convocados en Managua, que solicitará al Gobierno de Costa Rica un listado de los nicaragüenses que han pedido asilo en ese país. La nación vecina se ha convertido en el destino de miles de ciudadanos que huyen de la violencia: la crisis política deja ya 320 muertos. Ortega dijo que depurará el listado para determinar quiénes cometieron “actos terroristas” y someterlos a un “proceso judicial”. El mandatario admitió que 26.000 nicaragüenses se han refugiado en suelo tico y les prometió “a los que se sienten libres de pecado” que podrán regresar a Nicaragua “con la seguridad de que nadie los va a detener”.
En un discurso incendiario —en el que llamó “perros rabiosos” a las decenas de miles de manifestantes que desde abril exigen el fin del régimen— Ortega se refirió por primera vez al éxodo de nicaragüenses que han dejado el país por la crisis. Criticó al Gobierno de Costa Rica por su política migratoria —”este año han deportado 478 nicaragüenses”, dijo—, señaló las expresiones de xenofobia de algunos grupos en ese país —“estamos en contra de lo que es el irrespeto a los nicaragüenses, tenemos que condenarlo”, afirmó— y dijo que solicitará al Gobierno de Carlos Alvarado (centroizquierda) el listado de nicaragüenses que han pedido asilo, porque, dijo, lo depurará para determinar quienes cometieron actos de terrorismo antes de dejar Nicaragua, en referencia a los nicaragüenses que participaron en las manifestaciones contra el régimen, montaron barricadas o estuvieron en las decenas de tranques de carretera que paralizaron el país antes de que Ortega ordenara la “Operación limpieza”, un ataque de sus huestes armadas contra esos bloqueos, que dejó decenas de muertos e inició la huida de nicaragüenses hacia el vecino del sur.
“Pediremos a Costa Rica que nos pasen el listado de los nicaragüenses que piden asilo, para decirles quiénes tienen causas pendientes por haber quemado, torturado. Tienen que ir a un proceso judicial”, dijo Ortega. “A los que se sienten libres de pecado les decimos que pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener”.
Desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones antigubernamentales, al menos 23.000 nicaragüenses han huido a Costa Rica, según las cifras de Naciones Unidas. El Gobierno de Alvarado ha recibido la solicitud de todos, incluso los que residían en el país antes de abril sin documentos suficientes, bajo la premisa de que en este momento sería inseguro el regreso a su país, informa Alvaro Murillo desde San José. Costa Rica ha detenido las deportaciones, según las autoridades, y ha habilitado albergues para quienes buscan refugio. La mayoría de los nicaragüenses llegan al país centroamericano a través de veredas e intentan cruzar los puestos fronterizos o pasar por los denominados “puntos ciegos”, lugares que no son resguardados por las autoridades.
Las denuncias de que militares nicaragüenses que custodian la frontera cuentan con listados de opositores para detenerlos y entregarlos a la Policía son frecuentes. Fue lo que le ocurrió a Carlos Brenes, coronel retirado del otrora Ejército Popular Sandinista, quien fe detenido por militares en la frontera de Peñas Blancas cuando viajaba hacia Costa Rica en busca de refugio. A Brenes, de 66 años, el Gobierno lo acusa de “terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento del servicio público y daño agravado”. Brenes, un exguerrillero que combatió la dictadura somocista al lado de Camilo Ortega —hermano de Ortega— se convirtió en un fuerte crítico del mandatario debido a su deriva autoritaria.
El 16 de julio la Asamblea Nacional aprobó una ley supuestamente destinada a combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva”. El reglamento, sin embargo, ha sido denunciado por agrupaciones de derechos humanos por ser utilizado para justificar la criminalización de la protesta, al acusar a los manifestantes por actos de terrorismo. Organizaciones de derechos humanos han informado de que más de 400 personas han sido detenidas por oponerse al Gobierno y al menos 135 están siendo juzgadas por cargos de terrorismo y crimen organizado “por haber participado o apoyado las protestas”, según un informe presentado el miércoles por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La mañana del miércoles las autoridades presentaron a siete líderes del movimiento estudiantil universitario a quienes acusaron por el asesinato de un simpatizante del Frente Sandinista. Ellos fueron capturados el fin de semana en León, durante una redada masiva de opositores al Gobierno. Se trata de los jóvenes Christopher Nairobi Olivas Valdivia, Byron José Corea Estrada, Víctor Manuel Obando Valverde, Levis Josué Artola Rugama, Yaritza Yudith Rostrán Mairena, Luis Arnulfo Hernández Quiroz y Juan Pablo Alvarado Martínez, quienes están detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas popularmente como El Chipote. Los jóvenes serán juzgados, además, por secuestro y supuestos crímenes cometidos en las barricas levantadas en el oeste de Nicaragua. Ortega ha acusado a quienes han protestado en su contra de fraguar un golpe de Estado, aunque la ONU informó este miércoles de que una misión desplegada en este país no halló indicios de que se organizara un golpe contra el Ejecutivo sandinista.
El miércoles Ortega criticó con dureza a la ONU y su comisión de derechos humanos. Dijo que el informe presentado hoy —que responsabiliza al Gobierno por asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones usando incluso rifles, quemaduras con pistolas de electricidad o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación— por esa organización no es “justo”, porque no recoge a las víctimas del sandinismo. La ONU recomendó al régimen la creación de una Comisión Internacional de Investigación o una Comisión de la Verdad “para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas” de la crisis que desangra Nicaragua.
