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Las más de 35 organizaciones nacionales e internacionales que conforman el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, expresaron en las últimas horas su preocupación por ataques a la comunidad Lenca del Río Blanco.
A través de una carta pública, la entidad expuso ante la Ministra de Derechos Humanos, Karla Cueva, la situación que contempla recientes agresiones denunciadas por la comunidad indígena Lenca de la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Asimismo, se le solicitó, como responsable del Sistema de Protección para defensores y defensoras de los derechos humanos que, sin demora, se garantice la vida e integridad de las personas que integran el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Así como que todas las denuncias de los ataques contra esa organización, incluida la comunidad de Río Blanco, sean investigadas de forma oportuna, exhaustiva e imparcial.
A continuación el documento completo:
Tegucigalpa, Honduras, 5 de octubre de 2020
Sra. Karla Cueva
Ministra de Derechos Humanos de la República de Honduras
Tegucigalpa
Estimada Ministra Cueva:
Reciba saludos atentos del Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, articulación que agrupa más de 35 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, que realizan constante monitoreo sobre la situación de derechos humanos en Honduras. Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por las recientes agresiones denunciadas por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reportó que el 30 de septiembre de 2020 por la mañana, un grupo de al menos 11 personas incursionó en la Vega del Culatón y el Achotal, territorio en el que labora la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, con el fin de destruir tierras cultivadas por la comunidad.
Como es de su conocimiento, la comunidad de Río Blanco se ha estado manifestando contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, ya que este se llevaría a cabo en tierras que alegan les pertenecen históricamente sin su consentimiento, y en ausencia de una consulta libre, previa e informada. Dicha comunidad forma parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que lleva 26 años luchando por los derechos de esta y otras comunidades lencas.
Estos hechos se producen en un momento crucial dentro de la investigación del asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres que, hasta su muerte hace cuatro años y medio, lideró el COPINH y la defensa de los derechos del pueblo indígena Lenca ante los impactos del proyecto de Agua Zarca. El pasado 26 de agosto de 2020, las autoridades notificaron que David Castillo, ex gerente de una de las empresas vinculadas al proyecto Desarrollos Energéticos SA (DESA), y la única persona acusada de estar ligada a la autoría intelectual del asesinato de la activista, enfrentará un juicio oral y público por el asesinato de la defensora Berta Cáceres.
En consideración de este contexto y ante los antecedentes reiterados de ataques contra la comunidad de Río Blanco y el COPINH, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por estos nuevos ataques, incluidas agresiones físicas, contra esta comunidad.
Según información proporcionada por el COPINH, integrantes de la organización han sufrido ataques que han sido denunciados a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Asimismo, han solicitado al Sistema Nacional de Protección de Honduras su intervención y que proteja a la comunidad de Río Blanco. Como antecedentes de agresiones se incluyen:
El 30 de abril y el 1 de mayo de 2019, un grupo de al menos siete personas, una de ellas armada, amenazó verbalmente de muerte a Rosalina Domínguez, coordinadora económica del consejo indígena de Río Blanco, a sus cuatro hijos (de entre 16 y 30 años) y a otros dos miembros de la comunidad.
El 16 de julio de 2019, el COPINH informó que las cosechas de alimentos de al menos 25 familias de la comunidad de Río Blanco, Intibucá, Honduras, fueron destruidas de manera intencional.
El 17 de agosto de 2019, un vehículo del COPINH fue obstruido cuando se dirigía al antiguo plantel de DESA. Ese mismo día, un grupo de personas amenazó a una misión constituida por integrantes de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, acompañadas por el COPINH. También obstaculizaron el paso del vehículo en que viajaban destruyendo el camino.
El 28 de septiembre de 2019, un hombre agarró a Rosalina Domínguez por el cuello de la camisa e intentó golpearla con un machete cuando ésta le pidió que dejara de increpar y de amenazar a personas de la comunidad de Río Blanco que trabajaban las tierras de la Vega del Culatón.
El 26 de octubre de 2019, hombres armados amenazaron y hostigaron a integrantes de distintas comunidades que se habían reunido en una misión de solidaridad con la comunidad de Río Blanco.
Como es de su conocimiento, el 7 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una nueva medida cautelar (Medida Cautelar 112/16) en favor de todos los miembros de COPINH y de la familia de Berta Cáceres a causa del riesgo que corren por su labor de defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y los recursos naturales; y por su situación de mayor vulnerabilidad tras el asesinato de Berta Cáceres.
Según Global Witness, Honduras es el país con la tasa per cápita de asesinatos de defensores del territorio y del medio ambiente más alta del mundo (14 ambientalistas murieron en total en 2019). A pesar de ello, el Estado hondureño aún no ha firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento internacional vinculante que incluye la protección de las personas defensoras medioambientales.
Las organizaciones firmantes observamos con mucha preocupación la falta de atención del gobierno de Honduras a las causas estructurales de la violencia contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, como el derecho a una consulta previa, libre e informada. En su lugar, la respuesta del gobierno hondureño se ha caracterizado por la represión a la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, los ataques y la criminalización a personas defensoras.
Es obligación del Estado de Honduras garantizar el derecho de las personas defensoras a la vida, la integridad, la libertad de expresión, de asociación, de participar en protestas pacíficas y, en conclusión, de defender derechos humanos.
Con base en lo expuesto, solicitamos a la Secretaría de Derechos Humanos y al Sistema de Protección para defensores y defensoras de los derechos humanos, del cual usted es responsable que, sin demora:
– Garanticen la vida e integridad de las personas que integran el COPINH de forma que puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias como lo ordenó la CIDH (Medida Cautelar 112/16), a través de la implementación de medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección, siempre en común acuerdo con las personas beneficiarias y con pleno respeto de su cultura;
– Garanticen que todas las denuncias de los ataques al COPINH, incluida la comunidad de Río Blanco, sean investigadas de forma oportuna, exhaustiva e imparcial a fin de que sus responsables, tanto materiales como intelectuales, sean llevados ante la justicia.
Atentamente,
Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras
