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La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) recordó este martes el “valioso legado” de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada hace cinco años, y reiteró la responsabilidad de Honduras para esclarecer la verdad del crimen.
La Representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, dijo que esa agencia de la ONU “continúa dando seguimiento a la causa de Berta Cáceres”, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la cuidad de la Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
Reiteró además al Estado hondureño “su responsabilidad de profundizar la investigación de este caso, permitiendo conocer la verdad de los hechos y garantizar la reparación de las víctimas y sus familiares”.
“La justicia para las víctimas solamente será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”, añadió.
La ambientalista, que se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), fue asesinada pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
CRIMEN OCURRIÓ EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA
La Oacnudh resalta que el asesinato de Berta Cáceres se dio en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal y como fue constatado por la otrora relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria TauliCorpuz.
En su informe, TauliCorpuz señaló que los pueblos indígenas de Honduras viven “una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad”.
La Oacnudh considera fundamental que el Estado de Honduras “redoble sus esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños”.
Además, haga efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Aseguró también que observa con “preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres”.
Luego de cinco años del asesinato, la Oacnudh “honra su memoria y recuerda su valioso legado en favor de los derechos humanos en Honduras”, agregó.
Reiteró además su apoyo y acompañamiento a la familia de la ambientalista y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del que Cáceres fue cofundadora, en los “esfuerzos por la búsqueda de verdad, justicia y reparación”
La Oacnudh ofreció de nuevo su asistencia técnica a las instituciones de Honduras para “garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”.
En noviembre de 2018 cuatro hombres acusados fueron sentenciado a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 años por el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.
Otros tres fueron condenados a 30 años de cárcel, como coautores del hecho.
El juicio oral y público contra el presidente ejecutivo de Desa, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres, se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.
