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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (ONUDHH) expresó su preocupación por la falta de transparencia en la selección de los cinco nominados de entre los cuales se escogerá al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto.
“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresa su preocupación por la falta de publicidad, transparencia y motivación en la conformación de la nómina de cinco candidatos que la Junta Proponente ha remitido al Congreso Nacional”, indicó la ONUDHH.
Lamentó que la Junta Proponente “no haya atendido al llamado reiterado hecho por la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas”.
De igual forma, el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación “a garantizar y hacer efectivos los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso estuviese abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales”.
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Según la ONUDHH, para que “contribuyese a la confianza ciudadana de que los candidatos y las candidatas han sido seleccionados con base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales de derechos humanos”.
La ONUDHH también citó la denuncia hecha el 18 de junio por el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, por la exclusión de la sociedad civil en la etapa final del proceso de selección del nuevo fiscal general y de su adjunto en Honduras.
“Es fundamental que la sociedad civil, los organismos observadores y cualquier ciudadano que demuestre interés en el proceso de selección puedan participar en los debates sobre quién está en la lista de candidatos”, señaló la ONUDHH
A juicio de la ONUDHH es “fundamental” que el Congreso Nacional “realice una evaluación exhaustiva de los cinco candidatos, de acuerdo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad y competencias, incluyendo el desarrollo de Audiencias Públicas previstas en la ley”.
Considera, además, que el plazo de dos meses, hasta septiembre próximo, cuando el actual fiscal general, Óscar Chinchilla, concluye su mandato, “es razonable para permitir al Congreso el desarrollo de dicho escrutinio con veeduría social”.
También dino que comparte “la preocupación” de García-Sayán sobre que “algunos de los miembros de la comisión parlamentaria que examinarán los antecedentes de los candidatos hayan sido cuestionados públicamente e incluso estén procesados por corrupción”.
La ONUDHH exhortó al Congreso Nacional a “adoptar todas las salvaguardas para garantizar que el proceso esté exento de interferencias indebidas en aras de fortalecer el sistema de justicia y el Estado de Derecho”.
Además señaló la importancia de que esta elección contribuya al “fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público en sus esfuerzos en el combate a la impunidad y a la corrupción”.
A continuación el comunicado íntegro:
