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Honduras debe adoptar “medidas urgentes y prioritarias” para garantizar justicia y reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) al expresidente Manuel Zelaya, dijo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó “su condena por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, en el marco del rompimiento del orden constitucional”.
Zelaya fue derrocado siete meses de concluir su mandato de cuatro años cuando promovía una consulta popular ilegal, según sus detractores
“La ausencia de investigaciones judiciales independientes, oportunas y efectivas de los hechos ocurridos durante y posterior al 28 de junio de 2009, ha dejado impunes a la mayoría de los responsables, y a las víctimas, sin protección ni reparación judicial apropiada”, dijo la representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo.
Agregó que “esta impunidad es más grave aún cuando a ella se suma la impunidad acumulada de las violaciones de derechos humanos ocurrida en la década de 1980, así como las ocurridas en la crisis postelectoral de 2017”.
La Oacnudh señaló que un informe de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de sociedad civil y comisiones de la verdad, reportaron “múltiples violaciones de derechos humanos”.
Entre esas violencias se destacan “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia sexual, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, precisó.
REDOBLAR ESFUERZOS
“La impunidad por graves violaciones de derechos humanos tiene efectos perniciosos en la credibilidad del sistema de justicia, que repercute en la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”, subrayó Albaladejo.
Destacó que la rendición de cuentas por “los perpetradores de violaciones de derechos humanos es un pilar esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho, que se debe complementar con mecanismos de verdad y reparación que tengan como eje, la centralidad de los derechos de todas las víctimas”.
La Oacnudh saludó las medidas de memoria adoptadas recientemente por el Estado hondureño e instó a “redoblar los esfuerzos” para la adopción de “medidas de reparación, como el establecimiento de un Programa Nacional de Reparaciones para víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Además, medidas de “no repetición que conlleven reformas al marco normativo e institucional en el sector de seguridad y justicia”.
También insta a Honduras a fortalecer la independencia del poder Judicial y afirmó que el próximo proceso de elección de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia “es una oportunidad para ello”.
La Oacnudh manifestó “su solidaridad y reconocimiento por la búsqueda incansable de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que les acompañan continuamente en su lucha”.
