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El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, reveló en un informe que “los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras operan en un espacio cívico bajo ataque, en un contexto de serias violaciones y restricciones de los derechos civiles y políticos”.
Asimismo, señala que “las personas defensoras son atacadas en total impunidad, y criminalizadas, deslegitimadas y desprestigiadas debido a su labor de promoción y defensa de los derechos humanos”.
Forst visitó Honduras del 29 de abril al 12 de mayo de 2018 y la visita tenía como principal objetivo evaluar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país y su evolución desde la visita de su predecesora, Margaret Sekaggya, en 2012, a la luz de las obligaciones y los compromisos asumidos por el Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
El Relator Especial reconoció “la existencia de grupos específicos de personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo, destacando a las personas que defienden los derechos civiles y políticos, los derechos humanos de las personas LGTBI y de los pueblos indígenas, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, así como
las defensoras de derechos humanos y periodistas, estudiantes y profesionales del derecho y defensores de los migrantes”.
El Relator Especial concluye que, “a pesar de los esfuerzos y, en particular, la puesta en marcha de un mecanismo nacional de protección, la gran mayoría de las personas defensoras en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio”.
Por último, el Relator Especial formuló una serie de recomendaciones con miras a ayudar al Gobierno y a otros actores relevantes en sus esfuerzos por crear un entorno seguro y propicio que permita a las personas defensoras ejercer su labor de promoción y protección de los derechos humanos de manera segura y efectiva.
Ataques generalizados contra personas defensoras en total impunidad
Según el informe, el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y la corrupciónson las causas de fondo de los altos índices de violencia en Honduras. Una combinación deesfuerzos concertados ha reducido a la mitad la tasa de homicidios en los últimos seisaños18. No obstante, el nivel de violencia, amenazas y extorsión sigue siendoalarmantemente alto, y afecta a las personas defensoras de los derechos humanos que hande realizar su trabajo en este difícil contexto. El 95 % de los feminicidios y alrededor del 97% de los homicidios quedan impunes19. El índice global de impunidad ubica a Honduras entre los 13 países con mayor impunidad.
Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos en América Latina para los defensores de derechos humanos. El Relator Especial lamenta que no existen estadísticas oficiales sobre los asesinatos y ataques a defensores. Según información del ACNUDH, entre 2015 y octubre de 2018 se produjeron al menos 43 asesinatos de defensores, de los cuales 6 ocurrieron desde 2017. Las cifras sobre el número de defensores asesinados en estos dos últimos años supondrían un descenso significativo acorde con el descenso general en la tasa de homicidios, salvo que se sumasen las 16 muertes de manifestantes con armas de fuego a manos de las fuerzas del orden público en el contexto postelectoral. Entre 2001 y 2017 fueron asesinados al menos 76 periodistas, entre 2008 y principios de 2018 al menos 11 defensores de personas LGTBI, entre 2010 y 2017 más de 120 defensores de la tierra y en los dos últimos años se han registrado 6 asesinatos de defensoras y 2.137 agresiones.
Las personas defensoras también son objetos de amenazas, hostigamiento,intimidación, golpizas, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en campañas de desprestigio mediáticas. Según los testimonios recibidos, los autores materiales de los ataques incluyen a miembros de la Policía Nacional, el Ejército, sicarios, y personas desconocidas, mientras que los autores intelectuales incluyen a funcionarios públicos, el sector empresarial, las fuerzas de seguridad, y en especial sectores corruptos de las mismas que actúan en connivencia para asegurar el propio lucro.
La gran mayoría de los asesinatos y ataques contra las personas defensoras permanecen impunes, o bien no se abre una investigación o esta no da resultado alguno. El caso de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres podría convertirse en la primera excepción si se produjeran avances en materia de rendición de cuentas, más allá de la condena de los autores materiales del asesinato, en particular si se identificaran, investigaran, enjuiciaran y sancionaran a los autores intelectuales y a los que financiaron el crimen. El Relator Especial solicitó a las autoridades hondureñas información sobre los niveles de impunidad de la violencia y las agresiones contra defensores y periodistas, que no se ha recibido hasta la fecha. La impunidad perpetúa la violencia contra los defensores y
lanza el mensaje de que pueden ser atacados sin consecuencia alguna.
El trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de apoyar, fortalecer y colaborar con las instituciones hondureñas para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción es un elemento fundamental en la lucha contra la impunidad. El Relator Especial elogia la decisión de la MACCIH y la
Organización de los Estados Americanos (OEA) de haber iniciado la investigación sobre la presunta corrupción en el caso de Berta Cáceres y sigue con preocupación el posible impacto negativo del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso conocido como la Red de Diputados, pese a reconocer la constitucionalidad del convenio que estableció la MACCIH.
A continuación el informe completo: Informe Honduras ESP- PrimiciaHonduras.hn
