Ombudsman: maestros y alumnos en situación de desplazamiento forzoso

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, dijo estar de acuerdo con la recuperación de aquellas zonas ocupadas por bandas criminales, así como por maras y pandillas, sin que se perjudique al resto de la población que habita en esos lugares.

 

“Este es un tema que hemos venido pregonando que es necesario atacarlo por la vía de la prevención y, sobretodo, asegurar las condiciones necesarias para haya mejores condiciones de vida y desarrollo dentro de esas comunidades que han sido penetradas por las maras y el crimen organizado”, declaró.

 

Agregó que hay una serie de espacios como escuelas, centros de diversión, lugares de esparcimiento que han sido tomados por estos grupos y, la población ya no tiene donde llevar a sus niños y permitirles su sano desarrollo.

 

El Defensor del Pueblo considera que la recuperación de esas áreas debe hacerse, pero se deben tomar en cuenta algunos aspectos indispensables como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en especial que no haya terceros afectados.

 

En su criterio se debe hacer uso riguroso pero moderado de la fuerza, de tal manera, que se permita controlar los sectores que están en la delincuencia sin perjudicar a la población general.

 

Indicó que la Constitución de la República garantiza a todos los habitantes el derecho a la vida, por lo que recordó, a las autoridades encargadas de la seguridad en el país, que tienen entre sus atribuciones, prevenir, disuadir controlar y combatir toda clase de delitos, faltas o infracciones, así como mantener y restablecer la paz interna, la tranquilidad, el orden público, la seguridad con base en el respeto de los derechos humanos.

 

El pasado 29 de agosto, el presidente Juan Hernández, anunció el lanzamiento de la más ambiciosa misión por barrio, colonia, cuadrante y aldea para recuperar zonas ocupadas por bandas criminales, así como por maras y pandillas que atemorizan al país.

 

Hoy lanzamos una nueva misión en materia de seguridad, vamos a ir liberando territorio por territorio, barrio o colonia, aldeas y caseríos de Honduras de las bandas criminales y de las maras y pandillas, dijo el mandatario.

 

CONADEH atendió 89 caso de maestros y estudiantes en riesgo de desplazamiento

 

El CONADEH considera que entre los sectores de la sociedad gravemente afectados por la violencia indiscriminada se encuentra la comunidad educativa, la cual, enfrenta una crisis que por años ha afectado y afecta el normal funcionamiento de los centros educativos en el país.

 

En el 2017, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH (UDFI-CONADEH), atendió 89 casos de los cuales 54 casos fueron de maestros y 35 de estudiantes afectados por la violencia que provocaron situaciones de riesgo y desplazamiento de ambos sectores.

 

De acuerdo a las quejas atendidas, en el 2017, este ente estatal tomó nota de, al menos, 38 centros educativos de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Colón, Choluteca, Yoro, Atlántida, Comayagua y Gracias a Dios, con situaciones de riesgo y desplazamiento forzado.

 

Los grupos criminales han logrado infiltrarse en el interior de las escuelas, influyendo en las decisiones de maestros y directores.

 

Sus miembros realizan labores de reclutamiento, vigilancia e inteligencia, promueven la venta de drogas a personas menores de edad y extorsionan a maestros y estudiantes.

 

En sus denuncias los maestros indican que son objeto de amenazas a muerte u otras modalidades violatorias debido a que los centros de estudio se encuentran en áreas controladas por asociaciones ilícitas.

 

En el caso de las maestras, en algunos casos, ha sido víctimas de abuso sexual, asaltos personales o daños perpetrados contra la propiedad de los centros educativos.

 

Registros estadísticos indican, que entre los años 2010 y el 2016, alrededor de 1,200 estudiantes perdieron la vida en circunstancias violentas en Honduras; de estos, el 52% eran estudiantes de secundaria y el 13,5% estudiantes universitarios.

 

  • “Hace un mes las maras y pandillas de la zona comenzaron a amenazarme de muerte sino vendía  droga para ellos, por lo que acudí al CORE 7, DPI, FNA, Fiscalía de la Niñez a interponer la denuncia pero en ninguna de estas instituciones se me tomó la misma,… me mandaron de un lugar a otro,  me decían que no era el lugar  indicado,  en el FNA me dijeron que ellos no tomaban denuncia por amenazas, en la DPI me dijeron que ahí no se tomaban ese tipo de denuncia, finalmente me recomendaron que mejor cambiara de casa y el asunto quedaba arreglado… acudí al CONADEH para solicitar que se deje constancia de los hechos, y que se haga saber a las autoridades competentes que en ninguna de estas instituciones se me brindó el apoyo”…, es el testimonio de una ciudadana hondureña, que podría ser el de miles de hondureños que diario enfrentan esa triste realidad.

 

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