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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, exhortó hoy a manifestantes y cuerpos de seguridad del Estado a evitar la violencia y la represión y se garantice el ejercicio libre y pacífico del derecho humano a la manifestación y protesta social.
A través de un comunicado, el ombudsman hondureño emitió una serie de recomendaciones y recordó que el derecho a la manifestación y protesta social es un derecho individual y que los actos de violencia que puedan ocurrir deben ser igualmente individualizados para que la limitación o suspensión de ese derecho se aplique a quien recurra a métodos violentos.
Añadió que los funcionarios encargados de aplicar la ley son responsables de identificar, distinguir y apartar a las personas violentas, en forma tal que la manifestación pueda seguir pacíficamente su curso, sin ningún temor.
Herrera Cáceres abogó por prevenir la repetición de la trágica experiencia que se vivió a finales del 2017 e inició del 1918, como producto de la acción de manifestantes y de la represión policial durante la pasada protesta post electoral.
“Ante el anuncio de la realización de actos de protesta y manifestaciones, este domingo 27 de enero y en cualquier otra fecha, es preciso que sociedad y Estado reflexionen sobre las medidas más adecuadas para hacer prevalecer el libre y pacífico ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de los habitantes”, señaló.
En las últimas horas, el titular del CONADEH sostuvo reuniones separadas, con un representante directo del coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), con el ministro de Seguridad, Julián Pacheco y miembros de la cúpula policial.
Hemos encontrado, en ambos diálogos, coincidencia en cuanto a aspectos fundamentales expresados, por una parte, sobre la actitud pacífica o no violenta de quienes habrán de manifestarse, y, por otra, de las fuerzas de policía o seguridad de cumplir la ley, respetando los derechos humanos y libertades fundamentales de los manifestantes y de los demás habitantes, dijo el Defensor del Pueblo.
Agregó que a ambas partes les recordó que ni el Estado, ni un grupo o una persona tiene derecho alguno para emprender o ejecutar actividades o actos tendientes a la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los habitantes.
El Ombudsman reiteró su llamado a las autoridades del Estado y a las personas, los grupos políticos y sectores de sociedad concernidos por las manifestaciones y protestas sociales a crear un entorno propicio y seguro para toda la población y los defensores de derechos humanos.
Entre sus recomendaciones destacó que la manifestación pacífica y sin armas y la protesta social es un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio debe gozar de la garantía de protección y respeto por parte del Estado.
Añadió que los funcionarios encargados de aplicar la ley deben cumplir con sus normas legales, reglamentos y protocolos para salvaguardar el orden público sin menoscabar ese derecho humano fundamental que, a su vez, comprende las libertades de reunión, asociación, de expresión y de opinión.
Advirtió que una manifestación sólo pierde su carácter de pacífica cuando persista un nivel importante y generalizado de violencia, que ponga en riesgo a los mismos participantes y a los derechos de terceros.
Sostuvo que debe evitarse el uso de la fuerza por la autoridad y que la misma sólo debe utilizarse en caso de absoluta o estricta necesidad, en forma racional y proporcionada, en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, recordando que, en el cumplimiento de la ley, las autoridades respetarán y protegerán la dignidad humana de todas las personas.
Recomendó, además, que los canales de comunicación deben estar siempre abiertos y accesibles entre los manifestantes, las autoridades de policía, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, así como con defensores de derechos humanos de organismos de la sociedad civil.
Recordó a las personas que participan democráticamente en las manifestaciones y protestas sociales y sus dirigentes que deben respetar los derechos humanos de las personas que no participan en las mismas, así como la vida e integridad de quienes representan las instituciones de seguridad pública y su investidura; la circulación de ambulancias, bomberos y otras instituciones humanitarias.
Finalmente establece que la petición del CONADEH, a manifestantes y cuerpos de seguridad del Estado, se sustenta en normas internacionales y nacionales de Derechos Humanos.
Entre estas mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, como son el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.
