Ombudsman hondureño condena asesinato de ambientalista

Ombudsman hondureño condena asesinato de ambientalista

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato del señor Arnold Joaquín Morazán Erazo, defensor de derechos humanos ambientales que apoyaba el movimiento comunitario en defensa del rio Guapinol. El Ombudsman expresó su solidaridad con los familiares del fallecido y exigió, a las autoridades, una profunda y eficiente investigación para que se juzgue a los autores materiales e intelectuales de este asesinato.

El CONADEH, por medio de su Oficina Departamental de Tocoa, Colón, inició de oficio la investigación de acuerdo a nuestro mandato constitucional y se estableció comunicación con líderes de la comunidad y también con autoridades locales, instándoles a garantizar más la seguridad y protección de todas las personas relacionadas, en la zona.

“Es obligación del Estado proteger a los defensores de derechos humanos, facilitarles el trabajo y lograr, en todo caso, que las objeciones u opiniones contrarias a los planteamientos y a los conflictos que se deriven de sus investigaciones, se conduzcan dialogando en forma cívica, democrática, responsable y documentada, en búsqueda de soluciones pacíficas. En ningún caso es admisible la fuerza o violencia, ni mucho menos atentar contra la vida. La impunidad no debe ser tolerada”, señaló el titular del CONADEH.

El CONADEH reitera su llamado al Estado de Honduras para que realice acciones más coordinadas entre las autoridades competentes y, con el apoyo de la comunidad respectiva, logre identificar a los responsables de este acto criminal, así como de todas las demás muertes violentas. El Defensor del Pueblo, en reiteradas ocasiones ha manifestado que las acciones violentas son contrarias a los postulados del Estado Democrático de Derecho, y que nadie tiene facultades para privar de la vida a otras personas, por ninguna causa.

El Señor Morazán Erazo fue privado de su vida el martes 13 de octubre en la comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa, Departamento de Colón. En el 2019, el Ministerio Público, presentó requerimiento fiscal contra él y otras 31 personas más; por lo cual se libró orden de captura en su contra, la cual nunca se concretó.

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