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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, no descarta que el Estado hondureño sea demandado internacionalmente si continua la degradación del respeto a los derechos humanos en el país.
Es necesario afirmar el Estado Democrático de Derecho en Honduras, en el sentido, que debe haber un mayor respeto a la presunción de inocencia y al derecho humano a la libertad de las personas, expresó.
Si bien es un interés público afirmar el hecho de perseguir y enjuiciar a las personas que han cometido delitos, también es necesario seguir un debido proceso para poder llegar a determinar las responsabilidades penales consiguientes, manifestó.
Consultado en torno a la denuncia de la familia del empresario Oscar Galeano que aducen violaciones a los derechos humanos e irrespeto al debido proceso a su pariente, el Ombudsman hondureño respondió que se le dará el tratamiento que corresponde y destacó la importancia del respeto que deben tener las autoridades con el principio de presunción de inocencia y del derecho a la libertad de todos los habitantes.
Agregó que sin perjuicio del enjuiciamiento de los casos que debe hacerse responsablemente, ninguna ley puede transgredir los tratados internacionales que llaman a darle prioridad a estos dos principios que sustentan todas las garantías judiciales y que hacen efectivo el derecho a la defensa de las personas.
Se le preguntó se si se han irrespetado ambos principios, a lo que el titular del CONADEH respondió que, en los últimos años se ha podido percibir que hay una degradación en cuanto al respeto de estos derechos en el país, por lo que se hace necesario volver al Estado de derecho.
Indicó que la lucha que hay contra la corrupción y la impunidad se debe afirmar, pero, sin vulnerar los derechos humanos de las personas.
Sostuvo que de la forma en que se estaría haciendo en Honduras podría motivar demandas internacionales contra el Estado.
Existe suficiente jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que puede mostrar que hay vulneración de derechos, advirtió.
Sobre la participación del CONADEH en los juicios, explicó que no puede intervenir porque respeta la independencia de los tribunales, sin embargo, observa si el debido proceso es respetado por ellos, si los términos procesales se cumplen y si las atenciones a la salud y al buen trato a las personas que son sometidas en la judicialización, se respetan.
El Defensor del Pueblo dijo estar de acuerdo con llevar a cabo un combate efectivo contra la corrupción y la impunidad en el país, sin embargo, que no se pueden menoscabar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
“Como Defensor del Pueblo pido a las autoridades correspondientes recapacitar porque no se pueden estar ordenando indiscriminadamente detenciones de personas”.
Declaró que la detención es una medida privativa de la libertad que es uno de los bienes más preciados del ser humano.
Si se va a privar de la libertad a alguien, es porque se tienen suficientes elementos para decir que existe una idoneidad de las medidas, porque esas personas se van a fugar o van a obstaculizar el proceso, pero todo eso no está ocurriendo.
El Defensor del Pueblo considera que cuando se violenta el principio de presunción de inocencia se crea una inestabilidad jurídica total en el país.
