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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) urgió a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) y al Ministerio Público que investiguen y se proceda contra los miembros de la policía hondureña que, abusando de su autoridad, realizan cobros ilegales a las personas migrantes que transitan por territorio hondureño.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Liliana Reyes hizo un llamado a DIDADPOL para que investigue las actuaciones de los miembros de la policía que, abusando de su autoridad, han sido señalados de cobrarle a las personas migrantes que transitan por Honduras.
El CONADEH condena y rechaza contundentemente la actitud de esos policías que le están cobrando a las personas migrantes ya que no solo se constituye en una violación a los derechos humanos, sino que en un delito porque están abusando de su autoridad y, de allí, la importancia que se proceda contra esas autoridades.
Indicó que, en el país, estamos en una crisis migratoria sin precedentes, un escenario nunca visto al registrarse el ingreso de más de 120 mil personas migrantes irregulares en tránsito por Honduras, situación que ha desbordado las capacidades institucionales.
Explicó que han identificado abusos de autoridades, pero también de personas particulares que están abusando de las personas migrantes principalmente cuando las desvían hacia rutas en las que se pone en riesgo su integridad física y sus vidas.
Agregó que es necesario investigar a esas personas particulares que, aprovechándose de las necesidades de estas personas, los llevan por rutas peligrosas donde ya se han tenido desenlaces fatales como la muerte de siete personas, en los últimos días, tres que murieron ahogadas y cuatro en un accidente, en el departamento de El Paraíso
“Es condenable que nuestra misma población hondureña se esté prestando para hacer este tipo de abusos y poner en riesgo la vida de otras personas”, cuestionó.
Entre el 1 de enero y el 15 de octubre del 2022, al menos 93,266 personas migrantes irregulares fueron registrados por el Instituto Nacional de Migraciones en el departamento de El Paraíso, de los cuales, 57,532 hicieron su registro biométrico en Danlí y 37,734 por Trojes.
Se estima que el 77% de las personas migrantes irregulares que transitan por Trojes son de nacionalidad cubana (17,360) y de Venezuela (10,288).
Mientras que el 89% de los migrantes irregulares que se registraron en Danlí son de países como Venezuela (31,209), Cuba (13,363), Haití (3,815) y Ecuador (2,827).
También hicieron registro biométrico, en el departamento de El Paraíso, migrantes irregulares de Colombia, República Dominicana, Angola, Senegal, Brasil, India, Afganistán y Bangladés.
Reyes explicó que las personas migrantes que van con su boleta de excepción de la sanción administrativa, por ingreso irregular, la policía no tiene porqué cobrarles y, al hacerlo, se constituye en un abuso y un delito, por lo que se vuelve necesaria la intervención de todas las instituciones que lo están haciendo.
En lo que respecta al tema del transporte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hizo una serie de recomendaciones al Instituto Nacional del Transporte, una de ellas encaminada a que los inspectores de esa entidad, cuando aborden a una persona migrante, la traten con el debido respeto inherente a sus derechos humanos.
Recordó que la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre recomendó al Instituto Nacional de Migración que conformara una comisión para atender a las personas migrantes, en especial, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas LGTBI, que sufren esos abusos, pero que, por su condición, se ven a un más vulnerables en sus derechos humanos.
