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Al menos, 30 víctimas han dejado como saldo las 8 muertes múltiples registradas en el país, en lo que va del 2023, de las cuales, 11 mujeres, 17 hombres, entre ellos un subcomisario de la policía y un niño perdieron la vida, mientras que, otro menor, resultó gravemente herido, según datos registrados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
La Primera Avenida de Comayagua, Francisco Morazán, fue escenario de la peor masacre registrada en el 2023 que dejó como saldo 7 víctimas, entre ellas cuatro mujeres
Las otras masacres tuvieron como escenario las aldeas de La Travesía, en Cortés, que dejo tres mujeres asesinadas; Guarumal, Cabañas, Copán, con un saldo de 4 víctimas, una mujer, dos hombres y un niño herido; en Cayo Blanco, Olancho una mujer y dos hombres muertos; en El Novillo, Las Vegas, Santa Bárbara, tres hombres.
En la aldea Chapucay, Intibuca las víctimas fueron dos hombres y un niño; en la carretera CA-13 que de Tocoa conduce a Sabá, Colón, dos hombres y una mujer fueron ultimados y; la colonia Ponce en Olanchito, Yoro, 4 personas perdieron la vida, una mujer y tres hombres, entre ellos un subcomisario de la policía.
Algunas de las víctimas fueron ultimadas en sus propias viviendas, otros en negocios de bebidas alcohólicas, en reuniones familiares e incluso en el vehículo en el que se conducían, cuya unidad quedó con múltiples perforaciones de disparos.
En todas las masacres se hizo uso de armas de fuego e incluso en algunas de arma blanca. La saña utilizada contra las víctimas quedó en evidencia luego que se registró el caso de personas decapitadas y calcinadas.
Hasta ahora, en enero se registraron 2 masacres, 5 en febrero y una en lo que va del 2023.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre se solidarizó con la familia de las víctimas y expresó su repudio contra las muertes múltiples y todo tipo de acciones que vulneren el derecho a la vida.
Indicó que las autoridades hondureñas deben poner en práctica medidas preventivas y realizar investigaciones efectivas que conduzcan a la identificación de los culpables y se les aplique la ley a los responsables de tan abominables hechos violentos.
Expresó que las muertes múltiples, que ocurren en el país, tienen como motivación la impunidad que gozan quienes se dedican a este tipo de acciones contra la vida
Agregó que el clima de terror que se vive en el país es el abono para que muchas familias hondureñas se estén desplazando forzadamente de sus lugares de residencia por temor a perder sus vidas.
Se estima que, desde el año 2010, suman alrededor de 1,158 masacres, de 3 o más víctimas, que han dejado como saldo, alrededor de 4,230 personas muertas en circunstancias violentas, cuyos crímenes quedan en la impunidad en más del 95% de los casos.
Durante ese periodo, los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes múltiples que han dejado luto, dolor y llanto en miles de familias hondureñas.
Solo en el 2022, se reportaron alrededor de 50 muertes múltiples, es decir, un promedio de cuatro mensuales.
En ese mismo año, Cortés fue escenario de 14 muertes múltiples, el resto de las masacres tuvieron lugar en Yoro, Francisco Morazán, Colón, Santa Barbara, Atlántida, Olancho, Lempira, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Valle, Ocotepeque y Gracias a Dios.
Al menos, 30 municipios de 14 departamentos del país fueron escenario, en el 2022, de masacres de 3 y hasta 7 víctimas. En San Pedro Sula, Cortés se registraron 4 masacres, 3 en Choloma, dos en Puerto Cortés; en el Municipio del Distrito Central se reportaron cuatro muertes múltiples.
Cuatro municipios del departamento de Yoro fueron escenario de igual número de masacres que dejaron como saldo, al menos, 20 muertos; de igual manera, en 4 municipios de Santa Barbara se registraron igual número de masacres que dejaron otros 16 muertos.
Se estima que, solo en el 2022, el país registró alrededor de 3,400 homicidios, un promedio cercano a las 10 víctimas diarias.
Desde el 3 de diciembre del 2022, la Presidente de Honduras, Xiomara Castro, en Consejo de Ministros decretó la suspensión de garantías constitucionales que inició del 6 de diciembre al 6 de enero y que recientemente se extendió hasta el 6 de abril del 2023 “por la grave perturbación de la paz y la seguridad en las principales ciudades del país”.
Actualmente el Estado de excepción abarca 6 municipios de Atlántida, 7 de Colón, 8 de Comayagua, 9 de Copán, 12 de Cortés, 5 de Choluteca, 6 de El Paraíso, 8 de Francisco Morazán, 2 de Gracias a Dios, 8 de Intibuca, 2 de Islas de la Bahía, 10 de La Paz, 5 de Lempiras, 4 de Ocotepeque, 8 de Olancho, 7 de Santa Bárbara, 8 de Valle y 8 de Yoro.
