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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) exigió al gobierno de Honduras reconocer la legitimidad que tiene la labor de los defensores del medioambiente.
De igual forma, solicitó al actual gobernante hondureño garantizar su protección y evitar su estigmatización.
La OACNUDH hizo un llamamiento a Honduras a “reconocer la importante labor de quienes defienden los derechos humanos al medio ambiente, así como la necesidad de promover la defensa de sus derechos, evitando su estigmatización”.
Además, se sumó “al reconocimiento de la labor” que ejercer los defensores de derechos humanos al medio ambiente en la aldea Guapinol, departamento caribeño de Colón, al oponerse a un proyecto minero.
La Oficina del Alto Comisionado destacó la decisión de un juez hondureño de sobreseer a 12 hondureños acusados de varios delitos por oponerse al proyecto minero en Colón.
La OACNUDH “reconoce la relevancia del sobreseimiento definitivo en la acusación en contra de las y los defensores de derechos humanos al medio ambiente de Guapinol”, añadió el organismo, que valoró esa decisión como “un paso importante” dado por Honduras.
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Los doce hondureños fueron investigados por los delitos de asociación ilícita, portación ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado.
Los defensores medioambientales fueron enviados a la cárcel de Támara, cercana a Tegucigalpa, de la que hasta ahora han salido al menos nueve, pese a que el sobreseimiento fue dictado el lunes.
La ONU resaltó también el rol de los defensores de derechos humanos en el caso de Guapinol, donde el proyecto minero afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
La OACNUDH instó a Honduras a “trabajar conjuntamente hacia el fortalecimiento de instituciones que contribuyan a la protección del medio ambiente para el otorgamiento de concesiones de acuerdo a estándares con enfoque de derechos humanos”.
Asimismo, reconoció “la importancia de la labor de los medios de comunicación que ejercen su función social con responsabilidad y difunden información de forma veraz y objetiva”.
El conflicto de Guapinol se origina, según la Plataforma Agraria, “por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facussé)”.
