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El director de la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), José Luis Andino, informó que las sedes del Partido Liberal y Nacional aseguradas por el denominado caso “Pandora” serían alquiladas a los líderes políticos o particulares.
Detalló que se les otorgó un período de 15 días para que los representantes de ambos institutos políticos presenten a la OABI los documentos para ver “si van a tratar de continuar en el inmueble o no”.
“En primer lugar les corresponde a ellos presentar una solicitud donde tienen su intención de continuar operando, luego de esto tiene que analizarse cuál es la pretensión que existía, los criterios que determinó el Ministerio Público y finalmente aplicar el arrendamiento”, manifestó.
Respecto a los precios del alquiler, Andino dijo que “los precios se tienen que definir a través de la sección de arrendamientos y un evaluó de por medio para poder determinar esos costos de arrendamiento”.
Recordó que “no hay una instrucción sobre los institutos político como tal, sino sobre los inmuebles donde ellos tienen sus sedes”.
La OABI no tiene potestad –explicó el funcionario- para decidir qué bienes inmuebles se incautas ni cuáles se devuelves.
Adelantó que existe orden de congelamiento de dos certificados bancarios a plazo fijo con un monto aproximado de cuatro millones de lempiras.
Además, añadió que congelaron 31 mil 253 dólares y otros 4.4 millones de lempiras en cuentas del sistema bancario nacional.
Por su lado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal de Honduras (ATIC) informó de que continúa el embargo de bienes a los implicados en un caso de presunta corrupción que involucra a diputados del Parlamento.
Entre los bienes “asegurados” el pasado miércoles figuran dos viviendas, un apartamento y un edificio.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, dijo a periodistas que el aseguramiento de bienes, por segundo día consecutivo, se ha hecho en coordinación con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción y el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la OEA.
Además, participa la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El aseguramiento de más de medio centenar de propiedades, que serán administradas por la OABI, para que no puedan ser vendidas o traspasadas se ampara en lo establecido en la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Según el Ministerio Público de Honduras, los bienes pertenecen a personas naturales o jurídicas que “se beneficiaron de forma ilícita de dineros públicos procedentes de la Secretaria de Agricultura y Ganadería”, en un caso de presunta corrupción denominado Caso Pandora.
El martes, las autoridades congelaron las sedes de los partidos Nacional (gobernante) y Liberal, cuyas autoridades han conformado comisiones jurídicas para recuperar los edificios.
Además, fueron aseguradas “nueve empresas mercantiles, varias de ellas falsas, las que por medio de las Fundaciones Di Batista y Todos Somos Honduras recibieron fondos del Estado sirviendo de vehículo para el destino ilegal de los mismos”, añadió el Ministerio Público.
El caso Pandora fue investigado por expertos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) y de la Maccih, de la Organización de Estados Americanos, tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.
