Conadeh llama al respeto de los DD.HH ante el uso irracional de la fuerza policial

Nuevo Fiscal General y Adjunto deben tener idoneidad, firmeza y valor

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, dijo que tanto el Fiscal General del Estado como el Adjunto, deberán ser personas de reconocida idoneidad moral y ética, firmeza y con el valor suficiente para hacerle frente y resistir  las amenazas y peligros que debe enfrentar en el cargo.

Lo que nosotros necesitamos es mostrar la mayor unidad en torno a la selección del mejor abogado o abogada en el sentido de la idoneidad, no solo por sus antecedentes sino también por sus conocimientos, su ética y comportamiento, así como por su valor para hacerle frente a todas las amenazas que provienen del ejercicio de tan alto cargo, expresó.

Agregó que lograr un perfil ideal, es encontrar todos aquellos requisitos que garanticen que las condiciones necesarias para el desempeño y el logro de la finalidad y objetivos del Ministerio Público, van a ser satisfechas.

Ante esta situación, indicó que lo idóneo será escoger un abogado o abogada que tenga señalada y reconocida actitud moral, rectitud y honestidad.

Además, que tenga conocimiento de lo que constituyen los lineamientos o parámetros internacionales del sistema democrático de derecho y su firme sustentación en la protección y el respeto de los derechos humanos.

Instó a la ciudadanía, en general, le dé seguimiento de veeduría social a la elección de los titulares de una institución, como el Ministerio Público, que tiene la mayor responsabilidad de velar porque la justicia corresponda a sus propias aspiraciones como pueblo.

Herrera Cáceres considera que en aras de la transparencia y la divulgación, la Junta Proponente tenga la posibilidad de hacer audiencias públicas con los aspirantes, independientemente de la que pueda realizar el Congreso Nacional, con el propósito de abrir los espacios necesarios para que los medios de comunicación estén presentes a lo largo del proceso y hacer todas las divulgaciones que consideren necesarias.

Según el Defensor del Pueblo, es un momento en el cual no se debe estar pensando en que el fiscal debe  tener uno u otro color político, lo importante es escoger a  las mejores personas que hagan buen eco con los otros integrantes del Sistema de Justicia para reducir los niveles de impunidad en el país.

No podemos esperar de los sectores políticos un cambio radical a sus hábitos del pasado, por consiguiente, el ciudadano debe de retomar su beligerancia, desde el punto de vista cívico, en recomponer el Estado y, desde ese punto de vista, transcender las divisiones ideológicas o político partidistas  para pensar que los fines y los objetivos del Ministerio Público están subordinados a la protección y respeto de la dignidad humana de todos los hondureños sin discriminación.

El Fiscal General del Estado y el Fiscal Adjunto, son cargos importantes para el país, ya que tendrán bajo su responsabilidad, la titularidad del Ministerio Público, una entidad del Estado que tiene la obligación de investigar  y judicializar las denuncias de la comisión de todo tipo de delitos.

En el último proceso realizado, por la Junta Proponente, en agosto del 2013,  participaron para aspirar al cargo de Fiscal General y  Adjunto, 52 profesionales del derecho que se autopropusieron, lista que luego se redujo a 47, de los cuales, únicamente llegaron 38 a las entrevistas establecidas en el Salón de Examen de Notario de la CSJ.

En la etapa final del proceso de selección sólo quedaron cuatro miembros de la Junta Proponente, ya que se retiraron de las sesiones el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y  el representante de la APJ, Carlos Hernández.

La Junta Proponente convocada y presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia estará  integrada por un magistrado nombrado por el pleno de ese poder del Estado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las universidades públicas y privadas que funcionan en el país, un representante del Colegio de Abogados, un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y la Justicia y el CONADEH.

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