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Suman nueve las personas acusadas por el crimen de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres, el pasado 3 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detuvieron a Roberto David Castillo Mejía, quien fue el Presidente Ejecutivo de la Empresa DESA, encargada de la ejecución del Proyecto Agua Zarca. Según las investigaciones efectuadas por la ATIC esta persona fue la encargada de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales del asesinato.
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Ocho personas ya estaban tras las rejas por los delitos de Asesinato y Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, a la espera que un Tribunal de Sentencia fije la fecha de audiencia previa para comenzar el juicio oral y público.
Se trata de los imputados Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz Chávez (Mayor del ejército), Edilsón Atilio Duarte, Emerson Eusebio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Henry Javier Hernández Rodríguez, a quienes en las distintas audiencias iniciales se les ha decretado Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva.
Por este caso también guardan prisión los policías Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales, acusados de presentar pruebas falsas con el fin de desviar la atención en las investigaciones, ya que ellos realizaron las primeras pesquisas en el expediente.
Tales acciones iniciaron en el mes de mayo del 2016 en el marco de la Operación “Jaguar” liderada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Cuatro personas fueron capturadas ese día, cuatro más en los meses siguientes incluida una en México en enero de 2017 y la última aprehensión se ejecutó hoy en el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula.
En esta causa, vale resaltar el valor de la carga probatoria aportada por la Dirección General de Medicina Forense y el acompañamiento que en los Tribunales de Justicia se ha tenido por parte de organizaciones de sociedad civil, observadores internacionales y organismos de derechos humanos, como veedores del proceso.
El crimen de Berta Isabel Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), continúa en etapa de instrucción en la ATIC, a fin de castigar a otras personas que estarían siendo señaladas a nivel de autores intelectuales del vil hecho.
