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En un país donde las remesas sostienen hogares, comercio y buena parte de la economía, cualquier cambio en la forma de enviar dinero desde el exterior se vuelve relevante. Desde enero de 2026, Estados Unidos aplica un impuesto del 1 % a determinadas remesas enviadas en efectivo. Aunque el cobro no lo hace Honduras ni afecta directamente a quien recibe el dinero, expertos advierten que la medida podría encarecer los envíos, forzar ajustes entre los migrantes y generar efectos acumulativos en una economía altamente dependiente de esos ingresos.
Honduras no cobra el impuesto, no lo administra y no recibe esos fondos. Los bancos hondureños tampoco retienen el gravamen y las familias que reciben remesas no pagan ningún monto adicional. Sin embargo, la medida vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de un país que, año tras año, depende del dinero enviado por sus migrantes para sostener el consumo, cubrir necesidades básicas y mantener el equilibrio económico en miles de comunidades.
Desde el 1 de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar un impuesto especial del 1 % a determinadas transferencias de remesas. La disposición fue incluida en la One, Big, Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025, y su aplicación fue aclarada recientemente por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que detalló el alcance del cobro y las condiciones bajo las cuales se aplica. La medida no está dirigida a un país en específico, sino que aplica a todas las personas que envían remesas a sus países de origen bajo las condiciones establecidas, independientemente de si el destino es Honduras, México, El Salvador u otra nación.
El impuesto no alcanza a todas las remesas. Según la normativa, solo se cobra cuando el remitente paga el envío utilizando dinero físico, como efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos similares. Las remesas enviadas mediante transferencias bancarias, tarjetas de débito, cuentas electrónicas o plataformas digitales vinculadas al sistema financiero quedan excluidas del cobro.
Especialistas en migración y finanzas consultados por Primicia Honduras coinciden en que el enfoque de la medida está en el uso de efectivo.
“No se trata de un impuesto al envío de remesas en general, sino a determinadas formas de pago que utilizan dinero físico”, explica un economista con experiencia en temas migratorios.
La ley no establece un monto mínimo para la aplicación del impuesto. Desde el primer dólar enviado en efectivo se cobra el 1 %. Enviar cien dólares implica pagar un dólar adicional; enviar trescientos, pagar tres; y enviar mil dólares, pagar diez. Aunque la cifra individual puede parecer reducida, expertos advierten que el impacto debe evaluarse en el tiempo y en conjunto, especialmente en países como Honduras, donde las remesas tienen un peso estructural.
El impuesto es asumido exclusivamente por el remitente en Estados Unidos. El cobro se realiza en el momento del envío, antes de que el dinero salga del país, y es retenido por la empresa remesadora. En caso de que la empresa no cobre el impuesto, la ley estadounidense la obliga a pagarlo directamente al fisco. Por ello, cuando se utiliza efectivo, el cobro no es opcional ni puede ser evitado por el usuario.
El aviso emitido recientemente por el IRS no elimina el impuesto ni lo pospone. Lo que establece es un período de flexibilidad administrativa durante 2026 para las empresas remesadoras, con el objetivo de que no sean sancionadas si cometen errores en el cálculo o depósito del impuesto mientras se adaptan al nuevo esquema. “Es una medida de transición administrativa para las empresas, no un alivio económico para los migrantes”, explica un abogado tributarista en Estados Unidos.
Más allá del porcentaje, analistas advierten que la medida podría tener consecuencias indirectas para Honduras. Una de ellas es la mayor presión sobre los migrantes que envían dinero en efectivo, muchos de los cuales no tienen acceso a cuentas bancarias, ya sea por su estatus migratorio, por recibir su salario en efectivo o por limitaciones para integrarse al sistema financiero. Para este grupo, cambiar de método de envío no siempre es inmediato ni sencillo.
Otro posible efecto es una reducción gradual en el monto o la frecuencia de los envíos, aun cuando el receptor no pague directamente el impuesto. En un contexto donde miles de familias dependen de las remesas para cubrir alimentación, educación y salud, incluso variaciones pequeñas pueden tener impacto.
Algunos expertos consideran que la medida puede incentivar una mayor bancarización de los migrantes, mientras que otros advierten sobre el riesgo de un aumento en los envíos informales, con mayores probabilidades de pérdidas, estafas o falta de control.
José, hondureño residente en Texas, envía remesas cada quince días a su familia.
“No es una cantidad grande, pero se va sumando. Uno hace cuentas al final del año y sí se siente. El problema es que no todos tenemos acceso a cuentas bancarias”, relata.
Honduras no tiene injerencia en esta decisión, pero sí depende de sus efectos. Economistas coinciden en que el impuesto no provocará un impacto inmediato severo, pero sí representa una señal de alerta para un país cuya estabilidad económica descansa en buena medida en el dinero que envían sus migrantes. “Cuando una economía depende tanto de las remesas, cualquier ajuste externo termina reflejándose, tarde o temprano”, resume un especialista en desarrollo.
Para evitar confusiones, es importante aclarar que Honduras no creó el impuesto, no recibe esos recursos y no grava las remesas. Tampoco se prohíben los envíos ni se establecen límites de monto. El impacto dependerá del método de envío y de la capacidad de adaptación de los remitentes.
El impuesto del 1 % no es una medida drástica, pero sí un recordatorio de la fragilidad de un modelo económico que depende del dinero que cruza fronteras. En un país donde cada dólar cuenta, incluso los cambios pequeños merecen ser observados con atención.
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